Un paro de transportistas en Lima y Callao, convocado para el jueves 2 de octubre, movilizará a más de 250 empresas del sector urbano formal, en respuesta directa a la falta de acciones estatales frente a la inseguridad y los crímenes que afectan a conductores y usuarios del transporte público.
Sectores y empresas involucradas
La convocatoria surge de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, gremio que reúne a 72 compañías pero que ha logrado el respaldo de más de 250 empresas, según testimonios recogidos por representantes gremiales. La Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA) confirmó que el número total de empresas amparando la paralización podría alcanzar las 460 antes del jueves, involucrando miles de unidades en todo el corredor de la Carretera Central y los principales distritos de Lima Este.
La empresa de transportes Santa Catalina, que opera en las líneas B y C, será una de las que acate la medida y sus conductores paralizarán los servicios. Santa Catalina ha sido víctima de extorsión en repetidas ocasiones; el último incidente reportado involucró disparos contra el local de la empresa, lo que agrava el clima de inseguridad en el sector.
En tanto, si bien no lo han anunciado oficialmente, se espera que la Línea 41 y los buses de la empresa Vipusa, que recientemente han sufrido ataques extorsivos y han participado de las últimas manifestaciones, también acaten la medida, así como los vehículos de que brinda transporte público de Lima Este y la Carretera Central.
Motivos y demandas de los gremios
Dirigentes como Martín Valeriano, de ANITRA, y Héctor Vargas, representante de la Coordinadora, coinciden en que la medida responde al aumento de asesinatos, extorsión y atentados contra trabajadores del rubro. Vargas explicó que la determinación de paralizar responde a la falta de voluntad política y a la ausencia de respuestas concretas del Estado. Los gremios sostienen que las mesas de trabajo y las promesas de reforzar la seguridad no han generado mejoras tangibles, mientras que las víctimas dentro del sector continúan aumentando.
“El Gobierno nos obliga a parar. Pedimos disculpas a la ciudadanía, pero no podemos seguir trabajando con el miedo diario de ser asesinados en las calles”, declaró Valeriano en una entrevista con Buenos Días Perú. El dirigente remarcó que “más de la mitad de las empresas confirmaron ya su adhesión, y el llamado es a que todas las compañías se sumen para exigir garantías que permitan trabajar con normalidad”.
Propuestas para enfrentar la inseguridad
Durante la última asamblea, los dirigentes aprobaron no solo la paralización, sino la presentación de una propuesta legislativa al Congreso el 2 de octubre. Esta propuesta solicita la creación de una unidad de élite que integre a la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial, con el objetivo de coordinar acciones para desarticular bandas criminales que operan contra el transporte público y reducir la impunidad.
“Buscamos una solución real, con una unidad especializada contra las mafias que atacan a conductores y usuarios”, expresó Vargas ante la prensa. Los transportistas han insistido en que necesitan seguridad inmediata, indemnización para las familias de víctimas de sicariato y el cumplimiento de compromisos estatales firmados desde abril.
Impacto previsto y disposición a radicalizar medidas
La paralización generará impacto en los principales corredores viales de Lima y Callao, con especial énfasis en el área de Lima Este y la Carretera Central. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha anunciado desvíos de rutas para mitigar las interrupciones, y la Policía Nacional del Perú (PNP) prepara unidades de apoyo para movilizar usuarios, replicando protocolos aplicados en anteriores paros.
Dirigentes gremiales recalcaron que, de no obteniendo respuestas satisfactorias, se plantean radicalizar la medida después del jueves y sumar marchas o acciones adicionales. Rechazan la propuesta de armar a conductores y prefieren la intervención estatal con tecnología, mayor presencia policial efectiva y mecanismos legales que permitan frenar la violencia.
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