El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitir un mensaje enfático a los partidos políticos y candidatos participantes en las elecciones generales de 2026 sobre la obligación de respetar los derechos de autor y derechos conexos. Esta medida busca garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en la elaboración y difusión de propaganda electoral, según el comunicado difundido por el organismo el 1 de octubre de 2025.
Obligaciones legales en el uso de obras creativas
La comunicación enviada por la Dirección de Derecho de Autor de Indecopi advierte que toda utilización de obras musicales, imágenes, audiovisuales y textos en el contexto electoral requiere una autorización previa de sus titulares o de las sociedades de gestión colectiva que los representen. Esta exigencia se fundamenta en la Constitución Política del Perú, en su artículo 2, numeral 8, y en lo establecido por el Decreto Legislativo 822 – Ley sobre el Derecho de Autor.
Indecopi remarcó que el uso no autorizado de obras protegidas puede acarrear consecuencias administrativas y legales para las agrupaciones políticas y los candidatos. Además, enfatizó que el respeto al derecho de autor contribuye a preservar la ética y transparencia del proceso electoral. “Los partidos y aspirantes pueden gestionar directamente las autorizaciones con las sociedades que administran los derechos de autores, intérpretes, productores fonográficos, audiovisuales y artistas visuales”, precisó la institución estatal.
Riesgos de infringir el derecho de autor en campañas electorales
El organismo subrayó que la utilización de fragmentos de canciones, fotografías, videos o textos sin consentimiento constituye una vulneración a los derechos de los creadores, artistas y productores, quienes resguardan mediante estas normas el control sobre el uso de sus creaciones. Indecopi puntualizó que la legislación peruana contempla sanciones que pueden ir desde multas hasta la obligación de realizar pagos compensatorios, dependiendo de la gravedad y la reincidencia de la infracción.
Además de las implicancias legales, el comunicado indica que la omisión de permisos afecta la credibilidad de los partidos y puede tener un impacto negativo en la percepción pública sobre la integridad de sus campañas. En este contexto, Indecopi exhortó a los actores políticos a actuar con respeto hacia las obras creativas y atender las vías legales existentes para el uso legítimo de contenidos protegidos.
Antecedentes de sanciones por uso ilícito de obras en campañas
Como antecedente, Indecopi recordó el caso ocurrido en 2021, cuando la Comisión de Derecho de Autor sancionó a una agrupación política con una multa de 6,43 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y el pago de 7.500 dólares en concepto de remuneraciones devengadas. El motivo de la sanción fue la difusión de un video promocional donde se utilizó una obra musical sin la autorización correspondiente, infringiendo los derechos patrimoniales de reproducción y comunicación pública de la pieza artística.
Este precedente evidencia que el incumplimiento de las normas no solo implica consecuencias económicas, sino también una alerta pública sobre la importancia de proteger la creación intelectual y el trabajo de los autores peruanos. El organismo recuerda que existen vías formales para tramitar los permisos y que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad.
Indecopi refuerza el marco normativo de cara a las elecciones 2026
La acción de Indecopi en el inicio del ciclo electoral responde al objetivo de consolidar un clima de integridad y respeto a los derechos fundamentales de los creadores y artistas. El oficio remitido a la ONPE busca que la institución electoral, en el marco de sus competencias, recuerde a los partidos y candidatos sobre la estricta observancia de la ley.
El organismo concluyó que el uso legítimo de obras durante la campaña electoral no solo cumple una exigencia normativa, sino que además contribuye a fortalecer la confianza ciudadana en el respeto a los derechos y en la transparencia del proceso electoral.
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