El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) presentó un oficio al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, en el que exige dos medidas concretas: la reactivación de las fiscalías antiterrorismo de Ayacucho y el VRAEM y la desarticulación de las fiscalías de Derechos Humanos e Interculturalidad. En el documento, fechado el 25 de septiembre de 2025, el parlamentario sostiene que estas decisiones son necesarias para fortalecer la seguridad nacional.
Según argumenta Muñante, la desactivación de las fiscalías antiterrorismo mediante la Resolución N.° 1333-2025-MP-FN, adoptada en mayo de este año por la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, representó “un serio retroceso en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”. A su juicio, derivar estos casos a fiscalías no especializadas ha debilitado la persecución penal en zonas críticas como Ayacucho y el VRAEM, donde aún persisten remanentes de grupos armados.
En el mismo oficio, el legislador solicita la “desarticulación” de las fiscalías de Derechos Humanos e Interculturalidad, alegando que sus objetivos se alinean más con “presuntos estándares internacionales con sesgo ideológico” que con los intereses nacionales. Muñante afirmó que estas instancias vulneran la soberanía del país en la conducción de políticas públicas.
“El Ministerio Público debe priorizar la defensa de la nación y actuar en plena concordancia con la Constitución”, escribió en sus redes sociales al difundir su pedido.
Los argumentos del congresista
Durante una entrevista con Canal N, el parlamentario defendió su propuesta. “Quien crea que los remanentes terroristas ya no existen está cayendo en un error. El estado de emergencia se mantiene porque aún hay grupos armados en esas zonas. Por eso pedimos reactivar estas fiscalías especializadas”, declaró. Añadió que su oficio responde a lo planteado por el propio fiscal Gálvez, quien le pidió formalizar la solicitud para que pueda discutirse en la Junta de Fiscales Supremos.
La medida generó críticas inmediatas desde sectores académicos y de derechos humanos. La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma Narváez, calificó la propuesta como “vana” y “no técnica”. En entrevista con el programa El Dardo, explicó que los delitos de terrorismo y el crimen organizado tienen lógicas distintas, pero que en ambos casos “siempre debe estar la mirada de una fiscalía de derechos humanos, porque es el ciudadano quien queda entre dos fuegos. ¿Quién protege al ciudadano?”, cuestionó.
Ledesma también advirtió que iniciativas como la de volver a “jueces sin rostro”, planteada por otros congresistas, constituyen un retroceso. Recordó que esta figura fue aplicada durante el gobierno de Alberto Fujimori y denunciada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque vulneraba el debido proceso.
“Cuando se va a emitir una sentencia se tiene que saber quién es el juez, porque puede haber parcialidad. En esa época muchas personas fueron imputadas por terrorismo solo en base a códigos y permanecieron años en prisión”, señaló.
Una agenda conservadora
El pedido de Muñante se enmarca en una trayectoria legislativa que ha sido criticada por especialistas y colectivos de derechos humanos como parte de una “agenda conservadora” o “antiderechos”. Entre sus proyectos más controvertidos se incluyen iniciativas para eliminar el enfoque de género de las políticas públicas, restringir la Educación Sexual Integral en las escuelas, ampliar la objeción de conciencia en salud —lo que podría limitar el acceso a servicios como el aborto terapéutico— y modificar leyes para priorizar la “protección del concebido” por encima de los derechos reproductivos de las mujeres.
Organizaciones feministas y de derechos humanos alertaron que estas propuestas significan un retroceso en materia de igualdad y protección de poblaciones vulnerables, en particular mujeres y personas LGTBIQ+. Asimismo, han advertido que medidas como sancionar “denuncias falsas” en procesos de violencia familiar podrían desalentar a las víctimas a denunciar por temor a ser criminalizadas.
Mientras tanto, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, deberá llevar el pedido de Muñante a la Junta de Fiscales Supremos, donde se definirá si se reactivan las fiscalías antiterrorismo y si se modifica la estructura de las fiscalías de Derechos Humanos. Por ahora, la solicitud abrió un debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional y la protección de los derechos fundamentales en el Perú.
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