La Comisión Permanente aprobó este lunes un informe que recomienda inhabilitar por diez años para el ejercicio de cargos públicos a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros. Esta vez, debido a su presunta intervención en el intento de golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. El informe recibió 17 votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención. El destino queda en manos del Pleno del Congreso.
La acusación, cuya sustancia fue presentada por la congresista Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sostiene que Chávez infringió los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Perú. La propuesta fue impulsada originalmente por la congresista Patricia Chirinos y recibió respaldo tras exponer que la ex jefa de gabinete habría participado de forma activa en diversas acciones antes, durante y después del fallido golpe. La investigación incluye tanto la reunión previa con castellistas como el intento de disolver el Congreso y suspender garantías constitucionales.
Durante la sesión, la suspendida parlamentaria fue representada por su defensor legal, el abogado Raúl Noblecilla. En su exposición, el letrado sostuvo que no existían pruebas fehacientes que acrediten una participación directa de la exministra en la planeación del golpe. No obstante, los integrantes del grupo parlamentarios decidieron avanzar con la acusación constitucional. Los legisladores Lady Camones y Jorge Montoya serán los encargados de sustentar la recomendación acordada durante el debate ante el Pleno.
Las acusaciones contra Chávez consideran que la ex primera ministra no solo intervino activamente en las acciones inmediatas al golpe, sino que también participó en la fase preparatoria y en los intentos posteriores de reorganización del ejecutivo tras el fracaso del acto. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales determinó que esta conducta es violatoria de los deberes constitucionales de defensa del orden democrático.
“La comisión recomienda la sanción más severa posible bajo el artículo 100 de la Constitución”, se lee en el documento que fue sometido a votación. De aprobarse la inhabilitación en el Pleno, la exintegrante del gabinete ministerial de Pedro Castillo quedaría impedida de ejercer cualquier función pública hasta 2035. Este tipo de sanción corresponde a los casos donde se determina infracción constitucional grave, como ocurrió en ocasiones anteriores con otros altos funcionarios.
El debate en el Pleno del Congreso se anticipa para los próximos días, aunque la fecha exacta aún no ha sido confirmada. Culminado ese proceso, si la sanción es ratificada, se notificará inmediatamente a los órganos correspondientes, incluyendo al Jurado Nacional de Elecciones, lo que la imposibilitaría de ser parte del próximo proceso electoral.
Cabe mencionar que la situación de Betssy Chávez se complica por el proceso judicial paralelo que enfrenta por el delito de rebelión relacionado con el mismo caso. La Fiscalía ha solicitado 25 años de prisión y mantiene vigentes medidas restrictivas, incluyendo la orden de impedimento de salida del país por diez meses y el mandato de comparecencia restringida. La causa se tramita en la vía penal y tiene por objeto esclarecer la responsabilidad penal de la exfuncionaria en los sucesos de diciembre.
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