PNP no quiso iniciar búsqueda de niña de 11 años captada por sujeto: Le dijeron a los padres que debían esperar 72 horas

La desaparición de una niña de 11 años en San Juan de Lurigancho vuelve a relucir las graves deficiencias en la reacción de la Policía Nacional (PNP) frente a casos de menores extraviados. La menor fue contactada por un hombre adulto a través del videojuego en línea Free Fire, quien la convenció para salir de su hogar y reunirse con él en persona.

La familia denunció de inmediato la desaparición; sin embargo, efectivos de la PNP indicaron a los padres que debían esperar 72 horas antes de iniciar la búsqueda, una instrucción que contraviene la normativa vigente y, según especialistas, puede poner en riesgo la vida de los menores. El incidente comenzó el domingo, cuando cámaras de seguridad registraron a la niña saliendo de su vivienda y encontrándose con Jhonatang Félix Laynes Moncada, un hombre de 36 años.

Pese a la denuncia, la búsqueda formal no se activó en el corto plazo. Cada hora resultó crucial para la localización de la menor, según expresó la familia, quien manifestó profunda frustración ante la demora oficial. La niña fue hallada tras casi 48 horas, cuando un pasajero de una cúster de transporte público en el distrito de Ate alertó a las autoridades. El rescate se facilitó por el rastreo del teléfono móvil del sospechoso.

Laynes Moncada, detenido en el lugar, declaró que la niña era únicamente una amiga que había conocido por TikTok, y negó cualquier intención ilícita. La familia exige una investigación exhaustiva y la aplicación estricta de la justicia, reclamando respuestas ante la falta de protocolos efectivos en la actuación policial inicial y la necesidad de mayor preparación para evitar situaciones similares.

Normativa y protocolos de búsqueda de menores

La respuesta inicial de la Policía Nacional, que ordenó esperar 72 horas para iniciar la búsqueda de la menor, ha recibido duras críticas de especialistas y autoridades. Óscar Alva, director de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), explicó que la denuncia puede efectuarse de inmediato. Señaló que la normativa vigente establece la innecesariedad de esperar veinticuatro horas, en especial si se trata de una población tan vulnerable como niñas, niños y adolescentes.

Luz Mejía, adjunta de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, enfatizó que las 72 horas iniciales resultan decisivas para la ubicación de las personas y reiteró la urgencia de acudir al sitio donde la persona fue vista por última vez. Además, destacó la importancia de activar la alerta AMBER para desplegar todos los recursos disponibles en la búsqueda, subrayando el deber de las autoridades de actuar sin demoras ante la desaparición de menores.

La actuación policial en este caso ha dado lugar a la apertura de una investigación interna. El exministro del Interior, Ricardo Valdés, sostuvo que el incumplimiento de los protocolos de búsqueda de menores y personas desaparecidas por parte de la Policía constituye una falta que requiere investigación y sanción.

Desde el Ministerio del Interior se informó que el ministro Malaver ordenó a la Inspectoría de la Policía investigar la denuncia pública contra los efectivos de la Dirincri debido a la demora en el inicio de la búsqueda. Tanto la Defensoría del Pueblo como los familiares de la menor han insistido en la urgencia de activar de inmediato la alerta AMBER y en la necesidad de sancionar cualquier incumplimiento de los protocolos establecidos, con el fin de evitar que se repitan fallas institucionales en la atención de estos casos.

Cifras alarmantes de menores desaparecidos en Perú

El panorama nacional confirma la gravedad del problema. Hasta julio de este año, la Defensoría del Pueblo ha registrado 638 casos de niños y adolescentes reportados como desaparecidos, de los cuales el 78% corresponde a mujeres. La mayor concentración de reportes se observa en Lima, Cusco y La Libertad.

Tras muchas desapariciones pueden encontrarse delitos graves, como la trata de personas y la explotación sexual, frente a los cuales el Estado peruano asigna recursos mínimos. El año pasado, la inversión estatal destinada a combatir estos crímenes no superó los diez céntimos de sol por habitante, evidenciando la necesidad de políticas más robustas y acciones urgentes para proteger a la niñez y adolescencia peruana.