La jueza Janett Monica Lastra Ramirez, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, dictó la suspensión por 18 meses del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria. Esta medida se fundamenta en la existencia de suficientes elementos probatorios que lo vinculan con la presunta comisión de delitos y un peligro procesal fuerte.
Los hechos imputados a Zanabria son tres:
- El uso indebido de aproximadamente 15 efectivos policiales como mano de obra en obras de construcción en el complejo policial de Arequipa entre junio y agosto de 2020, registrándolos como si realizaran “inteligencia operativa” para encubrir su labor.
- La contratación simulada por S/ 17,600.00 para la remodelación del patio de armas. Según la fiscalía, Zanabria y otros concertaron con un maestro de obra para una contratación directa irregular por 4.700 soles. Luego simularon un proceso para justificar un pago mayor a la obra, con instrucciones para quedarse con el excedente.
- La apropiación de una donación de S/ 17,600.00 de la Minera La Soledad, que fue solicitada por Zanabria para las obras, recibida en efectivo, pero nunca registrada formalmente en las arcas de la institución policial.
En cuanto al peligro en la demora, la jueza determinó la existencia de un riesgo de obstaculización de la averiguación de la verdad y de reiteración delictiva.
Respecto a la obstaculización, se acreditó que Víctor Zanabria “realizó un acto de obstaculización al ordenar a los efectivos policiales que se escondan de las autoridades” durante una inspección fiscal. La permanencia de Zanabria en el cargo, según la jueza, representaba un riesgo real de influencia sobre testigos y manipulación de evidencia.
El peligro de reiteración delictiva se sustentó en que los tres hechos imputados configuraban un “mismo modus operandi concatenado” de abuso de poder y mal uso de recursos institucionales. Se señaló que otras investigaciones fiscales contra Zanabria (por Homicidio Calificado y Lesiones Graves) también evidenciaban un “uso indebido de su poder”, lo que reforzaba el riesgo de nuevos ilícitos.
Rechazan argumentos de defensa
La jueza rechazó sistemáticamente los argumentos de la defensa de Víctor Zanabria. Sobre el uso de personal policial como albañil, la defensa alegó que las obras se financiaron con dinero privado y que la participación policial fue voluntaria, tratándose de una “práctica usual”.
La jueza desestimó esta postura, aclarando que la imputación se centraba en la “utilización indebida de un recurso público, específicamente la mano de obra de los efectivos policiales”, y que Zanabria, como titular de la Unidad Ejecutora, tenía la administración de dichos “caudales”.
Además, consideró que la supuesta “práctica usual” “contraviene directamente la normativa oficial de la Policía Nacional del Perú”.
Respecto a la contratación simulada por 17.600 soles, la defensa argumentó que el comandante general de la PNP desconocía el proceso y que la obra se realizó con dinero privado. La jueza refutó que Zanabria tenía el deber de “administrar los recursos con eficiencia y eficacia”. Se verificó un “acuerdo fraudulento” para un servicio que ya había sido brindado, culminando en una “contratación simulada” con documentos falsos.
Sobre la apropiación de la donación, la defensa sostuvo que fue una donación privada a Zanabria y no a la institución, por lo que no requería registro estatal. La jueza rechazó esto, señalando que el oficio de solicitud de Zanabria y el de agradecimiento oficial “refuerza la naturaleza institucional de la donación”. Además, se verificó que la Directiva interna de la PNP exigía procedimientos formales para donaciones de ese monto, los cuales fueron incumplidos.
De esta manera, Víctor Zanabria pasaría sus últimos meses de carrera policial alejado de la institución. Pasará obligatoriamente a la situación de retiro en enero de 2026, cuando se cumplan dos años de su gestión como comandante general de la PNP.
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