Policía denuncia que lo amenazaron para no testificar contra Víctor Zanabria, jefe de la PNP: “Es más fácil silenciar a las personas”

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, enfrenta serios cuestionamientos tras la denuncia de amenaza de muerte a un subalterno que debía declarar en su contra. El Ministerio Público analiza una grabación en la que un emisario advierte de posibles represalias contra el oficial Osmar Fabián si accede a colaborar con la pesquisa, reveló Panamericana.

De acuerdo al programa, la denuncia fue acompañada por la entrega del audio ante las autoridades. En la grabación, el emisario le informa sobre una supuesta citación de la Fiscalía Anticorrupción, asegurando que el propio general Zanabria se mantiene al tanto de todo el proceso y sugiriendo la existencia de canales de información privilegiada. La amenaza adquiere gravedad cuando el interlocutor afirma: “Es más fácil silenciar a las personas que pedir las cosas a maneras”.

“Siendo las 18:58 del 7 de setiembre del 2025, el mayor de la PNP Osmar Fabián en situación de actividad denunciando que recibió una llamada donde una persona aduciendo ser un comandante de la Policía llamaba por encargo del general Zanabria para informar que iba a ser citado, induciendo al denunciante para que evite dar información y diga que no recuerda nada […] para evitar represalias”, se lee en el acta policial difundido por RPP, donde también se menciona el pase al retiro de manera excepcional si actúa contrariamente.

El caso

El caso se inscribe en una investigación de la Fiscalía de Arequipa contra el actual comandante general y otros altos mandos policiales. La acusación centra sus cargos en operaciones sospechosas por más de 42 millones de soles, producto de compras irregulares y obras sobrevaloradas dentro de la institución policial durante los años 2019 y 2020. El período bajo revisión corresponde al tiempo en que Zanabria dirigió la Escuela Nacional de Formación Profesional de la Policía Nacional y posteriormente la IX Macrorregión Policial de Arequipa.

Uno de los episodios clave en la indagatoria involucra la donación de 17.600 soles realizada por la empresa Minera La Soledad SAC, presumiblemente destinada al acondicionamiento del patio de armas del complejo policial IX MACREPOL Arequipa. La entrega del dinero se efectuó en la oficina del ahora jefe de la PNP, en presencia del entonces coronel en retiro Francis Alarcón Gallegos. La reconstrucción fiscal sostiene que los trabajos no fueron encargados a personal externo, sino ejecutados por efectivos policiales reubicados desde sus funciones de patrullaje, con solo 4.300 soles entregados a la mano de obra contratada.

Según el abogado José Palacios, representante de los denunciantes, hay documentos oficiales que prueban que los agentes utilizados en las obras figuraban en registros de patrullaje al tiempo que desarrollaban tareas de albañilería. El maestro de obra contratado, Claver Colquehuanca, relató ante la Fiscalía que luego de recibir un pago inicial concertado, se le transfirió un monto superior a 17.000 soles y que Zanabria le ordenó cobrar todo y devolver la diferencia en efectivo. Esta modalidad de devolución de fondos y la falta de rendición de cuentas impulsaron la ampliación de la investigación por presunto peculado doloso.

Altos mandos como Alarcón Gallegos, Luis Cancela Roggero, el operador logístico Rolando Rodríguez Bilbao y la exfuncionaria Claudia del Castillo Chávez figuran como investigados por delitos como abuso de autoridad, colusión agravada, negociación incompatible y peculado doloso. Las evidencias recabadas incluyen comunicaciones internas y coincidencias en movimientos financieros entre contratistas y mandos policiales.

Frente a la presión pública y mediática, la Policía Nacional emitió un pronunciamiento de respaldo, indicando que las obras se desarrollaron con participación voluntaria del personal y sin impacto en los servicios institucionales. La institución aseguró que la cooperación con la Fiscalía permanece abierta y anunció la disposición del general de iniciar acciones legales para defender su posición.