La Comisión Permanente del Congreso de la República decidió archivar todas las denuncias constitucionales presentadas contra el expresidente Francisco Sagasti y cinco de sus exministros. La resolución incluyó el cierre de investigaciones por supuestas irregularidades ocurridas en la gestión de la emergencia sanitaria de la COVID-19.
El exjefe de Estado había rechazado, por diferentes medios de comunicación, que haya actuado fuera del marco legal o constitucional, o que haya generado una violación al debido proceso o incurrido en una afectación a la institución policial. Por medio de una carta publicada en su cuenta oficial de X/Twitter también negó que hubiera algún “interés subalterno” al designar al director general de la PNP, en otro caso.
Entre las acusaciones archivadas por el Poder Legislativo se encuentra la denuncia interpuesta el 2 de julio de 2021 contra Violeta Bermúdez y Oscar Ugarte, entonces ministros de la PCM y de Salud, sobre supuestas irregularidades en la adquisición de pruebas rápidas, la manipulación de cifras de mortalidad y la compra de vacunas y mascarillas, acciones desarrolladas desde la administración de Martín Vizcarra. El proceso fue impulsado por el excongresista César Gonzáles.
Durante la misma jornada, se determinó archivar la Denuncia Constitucional 437 contra Alfonso Gilberto Chávarry Estrada, presentada por el ex fiscal de la Nación Juan Carlos Villena Campana. Según detalla el informe, la imputación se centraba en el presunto delito de nombramiento indebido por designar a Sergio Isaías Cruz Hilacondo como director general, a pesar de que no cumplía con los requisitos legales mínimos para ejercer el cargo.
Variedad de cargos y motivos en las denuncias archivadas
En la lista de procesos cerrados por el Parlamento figura la Denuncia Constitucional 103, presentada contra María Antonieta Alva Luperdi, exministra de Economía y Finanzas, por el supuesto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La acusación, formalizada por el excongresista Posemoscrowte Chagua, cuestionaba la gestión de recursos y toma de decisiones durante la emergencia sanitaria.
También se archivó la Denuncia Constitucional 276 contra Dimitri Nicolás Senmache Artola, extitular del Interior, quien fue señalado por presunta infracción a la Constitución en el manejo del caso sobre la fuga de Juan Silva Villegas, exministro de Transportes y Comunicaciones de Pedro Castillo, hecho expuesto en la denuncia que llevó la congresista Patricia Chirinos, de Renovación Popular.
Finalmente, el informe parlamentario incluyó el cierre definitivo de la Denuncia Constitucional 449, también impulsada por Juan Carlos Villena Campana, contra Jorge Antonio López Peña, exministro de Salud. “El presente informe concluye que, al no existir medio probatorio o elementos de convicción de la conducta con relevancia penal y, los hechos fácticos no se subsumen en el tipo penal de enriquecimiento ilícito, se propone archivar la Denuncia Constitucional 449”, dice el documento.
Las decisiones de la Comisión Permanente, tomadas por mayoría, marcan el cierre de una serie de investigaciones legislativas surgidas en torno a la administración de recursos y manejo de información durante la gestión de la COVID-19 en el Perú. Los informes oficiales argumentan que las causas no contaron con pruebas ni elementos de convicción suficientes sobre la tipificación penal de los hechos denunciados.
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