
La Comisión de Constitución del Congreso de la República inició un debate clave que podría transformar la dinámica de las próximas elecciones generales en Perú. Sobre la mesa están dos propuestas: la eliminación de la ley seca obligatoria y la reducción del plazo de prohibición para difundir encuestas electorales. El objetivo es alinear la legislación electoral con lo que el impulsor de la iniciativa, Edward Málaga Trillo, considera “mejores prácticas democráticas” y con la realidad económica del país.
Propuesta de cambiar dos reglas históricas
El proyecto de ley 11275, presentado por el congresista Málaga, plantea modificar los artículos 191 y 351 de la Ley Orgánica de Elecciones. El primer cambio propone permitir la publicación de encuestas hasta veinticuatro horas antes de los comicios. En la actualidad, la ley impide difundir sondeos desde una semana antes de la votación.

Según Málaga, este veto no elimina la circulación de información, sino que deja al elector expuesto a filtraciones y datos sin control técnico a través de canales como redes sociales o WhatsApp. “El derecho a votar bien informado debe pesar más que el temor al uso indebido de los datos. Con una regulación técnica, es posible garantizar calidad sin censura”, afirmó el congresista durante el debate en la Comisión de Constitución. El texto del proyecto exige que toda encuesta publicada en ese periodo cumpla estándares definidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
En paralelo, la propuesta busca eliminar la obligatoriedad de la “ley seca”, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 08:00 horas del día previo a las elecciones hasta las 08:00 del día posterior. Málaga argumenta que la restricción perjudica a miles de pequeños comercios, restaurantes y operadores turísticos sin evidencias claras de mejorar la calidad del voto.

El impacto económico de la ley seca
Empresarios y representantes de mypes han criticado la ley seca en repetidas ocasiones por el efecto negativo que genera en los ingresos, especialmente si el año presenta múltiples jornadas electorales. Según datos del Centro de Estudios de la MYPE, para el 2026 se proyectan hasta ocho días de restricción, lo que podría traducirse en una pérdida de más de 48 millones de soles en utilidades para negocios minoristas y del sector turismo.
El congresista Málaga remarcó que la actual normativa provoca acopio clandestino y consumo privado, circunstancias que no están prohibidas ni son fiscalizables. “La ley seca representa una carga económica para sectores formales, pero en la práctica no resuelve el problema de si el ciudadano va a votar juiciosamente o no por consumir alcohol”, sostuvo durante la sesión.
La modificación planteada busca que la prohibición de venta de alcohol sea excepcional, solo por resolución expresa del JNE y con posibilidad de regulación local específica.
Argumentos para la flexibilización de encuestas
En cuanto a la difusión de encuestas, tanto parlamentarios como técnicos electorales han enfatizado que la falta de datos oficiales en la última semana incrementa los riesgos de desinformación. Según señaló Málaga, durante ese periodo los votantes “quedan sujetos a noticias adulteradas o provenientes del extranjero”, en momentos en que la opinión pública suele buscar información confiable sobre la evolución de las candidaturas.
De aprobarse los cambios, las nuevas reglas regirían en las elecciones generales del 12 de abril de 2026. Además de garantizar mayor acceso a información para el elector, la propuesta busca respaldar la actividad económica de sectores golpeados por las restricciones actuales y fortalecer la transparencia del proceso electoral.
Las próximas sesiones de la Comisión de Constitución tendrán en agenda la discusión y eventual votación del proyecto, que de seguir avanzando requerirá respaldo del pleno del Congreso.
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