El acceso a Machu Picchu, el principal destino turístico del país, volvió a quedar en el centro de una controversia que afecta directamente a miles de visitantes nacionales y extranjeros. La disputa por la operación de la ruta Hiram Bingham, el único tramo autorizado para el traslado en bus desde el pueblo de Aguas Calientes hacia la ciudadela inca, generó nuevos enfrentamientos entre operadores, autoridades y pobladores.
La empresa Consettur, que gestionó el servicio durante tres décadas, insistió en que no se brindaron las condiciones mínimas de seguridad ni de legalidad en el proceso de transición hacia la compañía San Antonio de Torontoy, adjudicada provisionalmente por la Municipalidad Provincial de Urubamba. Su presidente de la junta de accionistas, Julián Quispe Anchaya, advirtió que, si no se resuelven estas falencias, volverán a suspender las operaciones.
“Si acaso no hay las garantías del caso, hoy día lo hemos dicho, vamos a volver a suspender. No porque nosotros queremos, sino por el tema de los turistas y de los trabajadores que tenemos”, declaró Quispe en diálogo con RPP. El dirigente cuestionó además que San Antonio de Torontoy no esté en condiciones de asumir la ruta. “Absolutamente, no cuenta con carros, no cuenta con personal, no cuenta con nada. Están improvisando y prácticamente están poniendo en riesgo a los turistas que están visitando”, añadió.
Mientras tanto, en Cusco, autoridades y ciudadanos intentan encontrar salidas a un conflicto que, de prolongarse, podría generar pérdidas significativas y un impacto negativo en la imagen del turismo peruano.
Turistas en riesgo de quedar varados
La advertencia de Consettur se suma a las preocupaciones expresadas por el alcalde del distrito de Machu Picchu, Elvis La Torre. El burgomaestre explicó que cualquier interrupción del servicio afectaría directamente a los visitantes. “Si la empresa Consettur dejara de operar por un día, cinco mil seiscientos turistas se perjudicarían con esta suspensión”, señaló.
La tensión se trasladó hasta los exteriores de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, donde se desarrolló una mesa de diálogo en la que participaron representantes de Consettur y autoridades locales. Sin embargo, la ausencia del alcalde de Urubamba, Ronald Vera, generó cuestionamientos. En el lugar, dos grupos de ciudadanos se enfrentaron verbalmente: unos defendiendo la permanencia de Consettur y otros apoyando el ingreso de San Antonio de Torontoy.
El malestar no es nuevo. El pasado domingo 7 de agosto, Consettur paralizó de manera inesperada sus operaciones desde las 5:30 de la mañana, alegando amenazas recibidas la noche anterior. La decisión provocó que cientos de visitantes subieran a pie la exigente ruta de montaña hacia la ciudadela inca. Según la empresa, la medida buscaba salvaguardar la seguridad de turistas y trabajadores tras un episodio de violencia registrado en la vía.
El servicio fue restablecido horas después, luego de que la municipalidad de Urubamba anunciara la incorporación de efectivos de seguridad en cada bus. Sin embargo, el episodio dejó en evidencia la fragilidad del sistema de transporte en Machu Picchu, así como la falta de un plan de contingencia eficaz.
Los buses en espera y la compleja logística
En paralelo, San Antonio de Torontoy espera movilizar 18 buses desde el sector de Hidroeléctrica hacia Aguas Calientes para iniciar operaciones en la ruta Hiram Bingham. La logística es compleja: el único acceso vehicular a Machu Picchu Pueblo se realiza por plataformas ferroviarias operadas por PerúRail o mediante el traslado parcial por la hidroeléctrica.
Rosendo Baca Palomino confirmó a la Agencia Andina que San Antonio de Torontoy ya recibió la autorización del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) para el ingreso de las unidades, y que PerúRail será responsable del traslado ferroviario. No obstante, reconoció retrasos en la implementación de infraestructura básica. “Entendemos que este servicio requiere de una logística más compleja, necesitamos logística para el grifo, para el patio de operaciones y maestranza, para la venta de boletos, entre otros; esto está demorando”, señaló.
El conflicto convocó también a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que instaló mesas técnicas para evitar que el acceso a Machu Picchu quede bloqueado. “Se está buscando la solución final entre los dos operadores, tanto Consettur, que es la empresa que ya culminó, y la empresa San Antonio de Torontoy. El día de ayer hubo dos reuniones, una en la municipalidad de Urubamba y anoche en la Dirección de Cultura, justamente están buscando acordar cuáles van a ser las condiciones de esta operatividad”, afirmó Baca Palomino.
Por ahora, el servicio continúa, aunque bajo la amenaza de nuevas suspensiones. La incertidumbre se mantiene, mientras la ciudadela inca sigue recibiendo visitantes que desconocen si el transporte funcionará con normalidad en los próximos días.
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