El debate en torno a la ley de amnistía continúa generando fuertes reacciones. Esta vez, doce obispos peruanos, encabezados por el cardenal Carlos Castillo, emitieron un pronunciamiento en el que rechazan la norma aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo el pasado 13 de agosto. Bajo el título “Aprendan a hacer el bien y busquen la Justicia”, el documento llama directamente a los jueces a inaplicar la norma en procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos.
El texto, difundido el 2 de septiembre, recoge el sentir de equipos de pastoral y hace eco de mensajes anteriores de la Conferencia Episcopal y la Semana Social 2025. En él, se advierte que la amnistía aprobada fomenta la impunidad y desconoce compromisos internacionales suscritos por el Estado peruano en materia de justicia y derechos humanos.
La Iglesia rechaza la impunidad
El documento episcopal no escatima en señalar las implicaciones de la Ley de Amnistía, aprobada el 9 de julio de 2025 por el Congreso y promulgada por la presidenta Dina Boluarte. “Sin justicia no hay paz. De hecho, si no se respeta la justicia, se generan conflictos. Sin justicia, se consagra la ley del fuerte sobre el débil”, sentencia la carta.
Los obispos advierten que la norma vulnera el derecho a la verdad y la reparación de miles de víctimas, al tiempo que debilita el tejido social y los esfuerzos de reconciliación nacional.
“Ninguna guerra ‘vale las lágrimas de una madre que ha visto a su hijo mutilado o asesinado’, o ‘la pérdida de la vida de un solo ser humano, un ser sagrado creado a imagen y semejanza del Creador’”, subraya el pronunciamiento.
Crímenes del conflicto armado y la memoria de las víctimas
La carta también recuerda las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que identificó a Sendero Luminoso como el principal perpetrador de crímenes durante el conflicto armado, pero también reconoció graves violaciones cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía. Los obispos lamentan que “algunos de quienes tenían el deber de cuidar a sus hermanos” respondieran con “igual barbarie” al terrorismo.
“La afirmación de que la guerra justifica cualquier muerte, incluso la de inocentes, representa una grave herida en el frágil tejido social del país y debilita todo esfuerzo de unidad”, subrayaron.
El texto recoge además frases de San Juan Pablo II en su visita a Ayacucho en 1985, recordando a las víctimas que no pierdan la esperanza y que el mal puede ser vencido con el bien.
“La ley de amnistía niega la dignidad de la persona humana y su vida misma, y le resta gravedad a la muerte y a los delitos que con ensañamiento se perpetraron contra seres humanos”, afirma el documento firmado por el Arzobispado de Lima, el Arzobispado de Trujillo, diócesis de la sierra y selva, y varios vicariatos apostólicos.
Un llamado directo al Poder Judicial
La carta también exhortó al Poder Judicial a aplicar el control de constitucionalidad y convencionalidad frente a la norma. “En nombre de la justicia, inapliquen esta ley que genera impunidad frente a delitos de grave crueldad”, exhortan los obispos, citando además a Amós 5:24: “¡Que fluya, sí, el juicio como agua y la justicia como arroyo perenne!”.
El pedido cobra especial relevancia en un contexto en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana ya advirtieron que la amnistía peruana contradice resoluciones previas.
Obispos se oponen a romper acuerdos internacionales
Finalmente, el pronunciamiento alerta sobre el riesgo de que el Perú rompa acuerdos internacionales de derechos humanos y se alinee con “tendencias que pretenden debilitar el orden democrático y la protección internacional”.
“El Perú no puede ni debe apartarse de tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados en el ejercicio de su soberanía”, advierten.
En medio del debate político, la voz de la Iglesia se suma a la de organismos nacionales e internacionales que piden revertir o limitar los efectos de la amnistía. El mensaje busca acompañar a las víctimas y subraya que “el compromiso con los derechos humanos no termina nunca”, recordando palabras del Papa Francisco.
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