El exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Harvey Colchado, confirmó el seguimiento a periodistas desde la Policía Nacional del Perú (PNP) y atribuyó el uso de prácticas de vigilancia al área de inteligencia de la institución. Estas afirmaciones fueron realizadas en una entrevista difundida por RPP Noticias y han intensificado el debate sobre la libertad de prensa y la seguridad de los comunicadores en el país.
Durante la conversación, Colchado señaló que existen restricciones al momento de revelar detalles sobre estas actividades: “Cómo me gustaría contarte así, detalles, de muchas cosas, lamentablemente yo tendría que decirte con pruebas”. Añadió que el tema se gestiona dentro de las operaciones de inteligencia, lo que dificulta la obtención de evidencias visibles para el público. El impacto de las declaraciones, ya que se producen a pocos días de conocerse nuevas denuncias sobre amenazas contra integrantes de medios nacionales.
Al ser consultado sobre casos anteriores, Colchado recordó una denuncia presentada por la excongresista Marisa Glave durante la gestión del coronel Martín Gonzales Sánchez, alias ‘Conejo’, en la Dirección General de Inteligencia (Digimín). Según señaló, “ella fue a quejarse, pero, la clásica es, ‘no, justamente coincidimos con otro caso y ella se cruzaba por ahí’, pero ella era de la oposición”. En opinión del exjefe policial, estas prácticas han sido empleadas reiteradamente dentro de la Inteligencia de la PNP.
El contexto de estas declaraciones se enmarca en la reciente denuncia de la periodista Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, quien reportó un presunto plan para atentar contra su seguridad. Según la propia Ramírez, el ataque habría sido encubierto bajo la apariencia de un “robo violento” y planeado desde la Digimín. La periodista también vinculó las alertas al trabajo de investigación periodística que desarrolla sobre la explotación minera en El Dorado y su relación con figuras como Santiváñez, Nicanor Boluarte y altos funcionarios policiales.
Tras la denuncia de Ramírez, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que rechazó cualquier responsabilidad institucional: “No realiza ni tolera actos al margen de la ley”, sostuvo la cartera en su nota oficial. La cartera enfatizó que se tomarán acciones dentro del marco legal vigente “en defensa de los derechos fundamentales”.
En respuesta a la controversia, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) exigió una investigación exhaustiva y la implementación de “medidas de protección” para la periodista afectada y otros trabajadores de prensa. La entidad gremial recalcó que la vigilancia ilegal pone en riesgo la libertad de información, un pilar democrático y derecho fundamental reconocido en la Constitución peruana.
Figura controversial
Harvey Colchado es un coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) especializado en investigaciones complejas contra la criminalidad organizada y la corrupción al interior del Estado. Se desempeñó como jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), unidad responsable de algunos de los operativos más importantes en los últimos años en Perú. Bajo su liderazgo, la Diviac participó en investigaciones y detenciones de miembros de redes de corrupción vinculadas a altas esferas políticas, casos de narcotráfico y organizaciones criminales nacionales e internacionales.
Colchado es reconocido por aplicar estrategias de inteligencia, infiltración y operaciones encubiertas para desbaratar bandas criminales. Ha estado involucrado en investigaciones sobre el caso “Cuellos Blancos del Puerto”, que expuso redes de corrupción en el sistema judicial peruano, y en intervenciones contra organizaciones de sicariato, extorsión y lavado de activos. Su trabajo ha sido objeto de controversia y ataques políticos, especialmente tras liderar operativos que involucraron a funcionarios de alto nivel.
Durante su trayectoria, Colchado ha denunciado presiones internas e intentos de obstaculización a la labor policial. Su figura es vista por sectores de la sociedad civil como un referente en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada dentro del Perú.
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