Tras once años de espera, el Poder Judicial leyó la sentencia que condena a cuatro hombres por el crimen de Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, asesinados en 2014 cuando denunciaban la tala ilegal en la frontera con Brasil. Sin embargo, lo que debía significar justicia se convirtió en un vacío: ninguno de los sentenciados estuvo presente en la audiencia.
Mientras las viudas e hijas de los defensores ambientales escuchaban la resolución en la sede judicial de Pucallpa, los acusados aprovecharon la sesión para desaparecer. Aunque el fallo dictó 28 años y 3 meses de cárcel, además del pago de 400 mil soles como reparación civil, hasta hoy ninguno de ellos ha sido puesto a disposición de las autoridades.
Los acusados que nunca llegaron a la corte
La lista de sentenciados incluye a Josimar Atachi Félix y su hermano Segundo Atachi Félix, señalados como autores materiales del ataque, y a los madereros Hugo Soria y José Estrada Guaita, sindicados como responsables intelectuales. Ninguno de los cuatro asistió a la audiencia.
De inmediato surgió la pregunta: ¿dónde se encuentran? Un recorrido por Pucallpa mostró direcciones falsas y viviendas inexistentes. Josimar Atachi, por ejemplo, aseguró a las autoridades vivir en un predio del asentamiento humano Las Flores, pero el lugar corresponde a un terreno baldío, sin construcción alguna y lleno de desperdicios.
Rastros en Pucallpa y la selva
En la ciudad, reporteros acudieron a la vivienda de Hugo Soria, ubicada a pocos minutos de uno de los principales mercados. Su familia sostuvo que nunca abandonó el lugar y que afrontará el proceso, aunque testigos protegidos lo ubican en reuniones con otros acusados donde habrían admitido el crimen.
En el caso de José Estrada Guaita, acusado también de planear el ataque, su rastro es aún más difuso. Aunque acudió a audiencias anteriores, ahora no aparece en ninguna de sus direcciones conocidas y los vecinos aseguran no tener información de su paradero.
Direcciones falsas y comunidades cercanas
El Poder Judicial identificó que tanto Josimar como Segundo Atachi dieron domicilios en el distrito de Manantay, a unos veinte minutos del centro de Pucallpa. En una de las viviendas consignadas, los actuales moradores afirmaron que ninguno de ellos vive allí y que, en ocasiones, solo aparecen de manera esporádica.
Pese a las versiones, comuneros ashéninkas aseguran haber visto recientemente a los hermanos Atachi cerca de Saweto, aún dedicados a la extracción ilegal de madera. Una de las personas entrevistadas relató que apenas días antes los vio con sus familias en las inmediaciones de la comunidad, lo que refuerza la sospecha de que continúan operando con normalidad.
El temor de la comunidad
Para los habitantes de la zona, la ausencia de captura de los condenados representa un riesgo latente. Los familiares de las víctimas reconocen que sienten miedo por las represalias que podrían sufrir si los acusados se mantienen cerca de sus territorios. “Tengo temor por mi familia, porque ellos siguen en la comunidad”, comentó un vecino que asegura haberlos visto la semana pasada.
Las esposas de los defensores asesinados reclaman que la sentencia no quede solo en documentos. Exigen que las condenas se hagan efectivas y que los responsables pasen los años de prisión que les corresponden.
Una sentencia en el papel
Aunque el tribunal dictó penas de 28 años y 3 meses, además del pago de 400 mil soles de reparación, nada de esto se ha materializado. Los acusados permanecen fuera del alcance de la justicia y los familiares de los líderes indígenas insisten en que el Estado debe actuar con rapidez.
El caso Saweto, que expuso la violencia que enfrentan los defensores ambientales en la Amazonía, sigue abierto en la práctica. Los sentenciados no cumplen sus condenas, los testigos temen represalias y las comunidades permanecen expuestas a la presencia de quienes, según la justicia, planearon y ejecutaron el crimen.
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