El expresidente Martín Vizcarra rompió su silencio y se pronunció minutos antes de ser trasladado desde el penal de Barbadillo al penal Ancón II. En entrevista con RPP, el exjefe de Estado, cuestionó el proceso judicial en su contra y denunció que su permanencia en prisión responde a una decisión política.
Vizcarra aseguró que tanto la prisión preventiva dictada en su contra como su traslado no tienen justificación legal ni técnica, y que detrás de estas disposiciones existe una intencionalidad promovida desde el Ejecutivo. “Estoy aquí por una decisión política, no por criterios técnicos”, afirmó el exmandatario para el citado medio.
Una decisión política
Vizcarra sostuvo que las juntas calificadoras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) habían coincidido en que lo que correspondía era mantenerlo en el penal de Barbadillo. Sin embargo, señaló que los propios profesionales del organismo le advirtieron que cualquier cambio de establecimiento no obedecía a criterios técnicos, sino a órdenes de otro nivel.
“Las dos juntas recomendaron que me quede en Barbadillo. Eso fue absolutamente claro. Pero si se decidía otra cosa, era porque había una decisión política. El INPE depende del Ministerio de Justicia y este de la presidenta Dina Boluarte. Lo digo con todas sus letras: estoy aquí por una decisión política”, afirmó.
El exmandatario relató que incluso la presidenta de la segunda junta calificadora, en tono irónico, le deseó “una buena estadía en Barbadillo” porque esa había sido la determinación técnica. “Hasta ahí acababa su función profesional”, dijo Vizcarra, dejando entrever que la resolución posterior obedeció a presiones externas.
Sorprendido por una segunda evaluación
El exjefe de Estado cuestionó, además, la rapidez con la que se conformó una segunda junta evaluadora. Según explicó, la primera reunión se realizó el jueves 14 de agosto, apenas un día después de que fuera recluido en Barbadillo. Allí se resolvió que debía permanecer en dicho penal.
Sin embargo, una semana más tarde, el miércoles 20, se instaló un segundo grupo de profesionales con el mismo fin: definir su permanencia. “Ya desde ahí sentí algo raro: que quieran calificar y clasificar a una persona en menos de una semana. Y nuevamente, esa junta ratificó que debía continuar en Barbadillo”, señaló.
Vizcarra insistió en que ambas juntas del INPE actuaron con criterios técnicos y profesionales. “Lo que se ha hecho después ya no corresponde a esas evaluaciones, sino a decisiones de carácter político”, afirmó para el citado medio.
Primer traslado a Barbadillo
Vizcarra recordó que, tras la orden judicial, fue llevado el 14 de agosto al penal de Barbadillo, donde permaneció hasta el día de la entrevista. En ese momento ya había sido evaluado por la primera junta calificadora del INPE, que resolvió mantenerlo en dicho establecimiento penitenciario.
El exmandatario aseguró que, pese a la incomodidad y la impotencia que le generaba estar recluido, cumplió con las reglas del penal. “He sido absolutamente respetuoso de todas las normas, incluso de no comunicarme con el exterior. Pero frente a estos abusos, me veo obligado a hablar, aunque pueda generarme algún problema personal”, manifestó.
Críticas a la prisión preventiva
En otro momento, el expresidente criticó la orden de prisión preventiva dictada en su contra el miércoles 13 de agosto. Según dijo, la medida carece de sustento legal, pues el juez la justificó argumentando que no contaba con arraigo familiar.
“Han dicho que yo vivo solo, que no tengo vínculos. Es increíble, cuando tengo esposa, hija y nietos. Es un argumento sin justificación legal, que vulnera mis derechos humanos y el debido proceso”, expresó.
El exmandatario afirmó sentirse “indignado” por lo que calificó como una cadena de abusos y arbitrariedades. “Yo acato lo que dice la justicia, así se equivoque, pero lo que está ocurriendo conmigo no tiene sentido”, agregó.
INPE niega interferencia política
Las afirmaciones de Vizcarra contrastan con el comunicado que el INPE difundió el día anterior. En dicho pronunciamiento, el organismo precisó que la presidenta Dina Boluarte no tuvo injerencia alguna en las decisiones sobre la ubicación del exmandatario.
El documento, en su punto número tres, subrayó que “no ha habido interferencia de ninguna instancia, ni pública ni privada” en el proceso. Además, reiteró que las decisiones adoptadas se enmarcan dentro de la normativa penitenciaria vigente.
Pese a ello, Vizcarra se mantuvo firme en su versión, indicando que los profesionales del INPE le habían ratificado que correspondía permanecer en Barbadillo y que su traslado obedecía a órdenes políticas.
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