El Tribunal Constitucional ordenó la suspensión de todas las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte, decisión que ha generado un intenso debate político y judicial en el país. La medida permite que la mandataria pueda desempeñar sus funciones sin interferencias que puedan afectar su gobernabilidad.
Durante su entrevista con RPP, Joseph Campos, abogado constitucionalista de Boluarte, explicó que el fallo tiene como objetivo preservar la autoridad del presidente y garantizar que pueda ejercer el cargo con plena capacidad de decisión. Campos señaló que la medida no implica impunidad, sino una protección temporal mientras Boluarte se encuentra en funciones.
El abogado añadió que esta decisión permite que la Presidencia se enfoque en la gestión del país, evitando que las acusaciones fiscales en curso se traduzcan en presiones políticas que puedan desestabilizar al Ejecutivo. Según Campos, “el presidente debe gobernar en tranquilidad, no acosado por denuncias”.
Alcance de la suspensión
Campos detalló que la resolución del TC limita la actuación de la Fiscalía a tres actos específicos de investigación: la toma de declaraciones hasta dos veces en Palacio de Gobierno, la solicitud de información y la recepción de documentos. Todas las demás diligencias, como allanamientos o medidas cautelares, quedan suspendidas mientras la presidenta esté en funciones.
El abogado resaltó que esta protección se fundamenta en la interpretación del artículo 117 de la Constitución, norma que ha sido aplicada previamente a expresidentes como Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y Alan García. En esos casos, los procesos judiciales se llevaron adelante una vez finalizado el mandato, demostrando que la suspensión temporal no constituye impunidad, sino un mecanismo para garantizar el funcionamiento del Ejecutivo.
Fallo del Tribunal Constitucional
El TC declaró fundada la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra la Fiscalía y el Poder Judicial. La sentencia establece que mientras Boluarte ejerza la Presidencia, ningún órgano judicial puede dictar medidas que afecten directamente su función, incluyendo allanamientos a su domicilio o al Despacho Presidencial.
La defensa destacó que el fallo busca un equilibrio entre la política y la justicia, evitando que las investigaciones interfieran en la gestión gubernamental y respetando la autoridad presidencial. Campos subrayó que la intención es proteger la gobernabilidad y evitar posibles abusos derivados de acusaciones políticas.
Reacciones políticas y jurídicas
La decisión del Tribunal Constitucional ha generado opiniones diversas entre políticos, expertos y analistas. Mientras algunos sectores consideran que la medida podría limitar la labor de control sobre la máxima autoridad, la defensa de Boluarte insiste en que se trata de una provisión constitucional destinada a garantizar la estabilidad del Ejecutivo.
Campos enfatizó que la finalidad de la suspensión es asegurar que la presidenta pueda gobernar sin presiones externas, permitiendo que la gestión se enfoque en decisiones estratégicas y políticas. Además, señaló que la medida es temporal y las investigaciones podrán retomarse una vez concluido el mandato o en caso de vacancia por incapacidad moral, garantizando que la justicia se cumpla sin comprometer la gobernabilidad.
El abogado insistió en que el fallo refleja la necesidad de que el presidente pueda dirigir el país con tranquilidad y que la Presidencia no se vea afectada por acusaciones en curso, un mensaje que remarcó durante su entrevista con RPP, reforzando que la protección temporal es un mecanismo legal previsto por la Constitución y no un privilegio indebido.
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