La Nación Wampís, la Nación Chapra y la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) expresaron su rechazo al anuncio del Gobierno peruano sobre la interconexión de campos petroleros ecuatorianos con el Oleoducto Norperuano (ONP). El proyecto busca transportar crudo desde el vecino país hasta la terminal de Bayóvar y la Refinería de Talara, en Piura.
En una carta pública, las organizaciones señalaron que la decisión fue tomada sin consulta previa, libre e informada, vulnerando los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y en la Ley de Consulta Previa (N.º 29785). Advirtieron que se trata de una “ofensiva petrolera sin consentimiento” que amenaza no solo a la Amazonía, sino al futuro de la humanidad.
Los riesgos del Oleoducto Norperuano
Los líderes amazónicos recordaron que el Oleoducto Norperuano es una infraestructura altamente riesgosa. Según cifras oficiales, en promedio se registran 146 derrames al año, afectando a ríos, suelos y fuentes de alimento de las comunidades.
Frente a este panorama, calificaron como “irresponsable” que el Estado plantee triplicar la capacidad operativa del ducto para transportar crudo desde Ecuador. “Ni el Estado ni Petroperú han garantizado condiciones mínimas de seguridad ambiental. Este anuncio condena a nuestros pueblos a más contaminación y pone en grave peligro a toda la Amazonía”, señalaron.
Cabe señalar que el Oleoducto Norperuano (ONP), operado por Petroperú desde 1977, se extiende por más de 1,100 kilómetros atravesando la Amazonía y la costa norte del país. Durante sus casi cinco décadas de funcionamiento, fue escenario de centenares de derrames de petróleo, tanto por fallas técnicas como por actos de terceros, dejando severos impactos en ríos, quebradas y territorios indígenas. Según reportes de la Defensoría del Pueblo y la OEFA, se han registrado más de 700 derrames en los últimos 25 años, afectando comunidades kukama, awajún, wampís, achuar y quechuas del Pastaza y Corrientes.
Una deuda histórica con los pueblos amazónicos
Las organizaciones también recordaron que los lotes petroleros en la Amazonía peruana se impusieron durante más de cinco décadas sin consulta previa, generando contaminación y enfermedades en Loreto, Amazonas y San Martín.
En ese marco, denunciaron la intención del Gobierno de reactivar el Lote 64, pese al rechazo abierto de las comunidades achuar y wampís. Advirtieron que cualquier inversión que se impulse sin respetar los derechos indígenas “carecerá de seguridad jurídica”, pues nace de manera ilegítima.
Críticas a Petroperú y a la Refinería de Talara
Los pueblos firmantes también responsabilizaron a Petroperú, a la que acusaron de priorizar la rentabilidad de la Refinería de Talara por encima de los derechos humanos y el ambiente. Recordaron que la empresa estatal arrastra deudas millonarias y que los salvatajes financieros del Gobierno han terminado afectando las arcas del Estado.
“Petroperú está dispuesta a expandir la contaminación en la Amazonía, afectar a los pescadores artesanales en la costa y sobrecargar un oleoducto que ya es fuente constante de desastres”, advirtieron.
Solidaridad regional y llamado internacional
En su carta, la Nación Wampís, la Nación Chapra y la FENAP también expresaron su solidaridad con las nacionalidades indígenas de Ecuador, que rechazan la Ronda Suroriente impulsada por el presidente Daniel Noboa y Petroecuador. Este proyecto busca licitar 14 nuevos bloques petroleros, de donde podría provenir el crudo que se transportaría por el ONP.
Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía peruana y a la comunidad internacional a no guardar silencio frente a lo que consideran una “grave violación de derechos”. Pidieron mantenerse vigilantes y sumar sus voces para detener la expansión petrolera en la Amazonía.
El anuncio oficial de Boluarte
El pasado 28 de julio, en su Mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte confirmó que Petroperú y Petroecuador firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional. Este contempla la venta directa de combustibles peruanos, la compra de crudo ecuatoriano y la interconexión de campos petroleros con el ONP para reducir costos logísticos.
Según la mandataria, la medida forma parte de la estrategia de recuperación de la petrolera estatal, que actualmente abastece el 30% del mercado nacional y busca expandirse con exportaciones a Brasil, Ecuador y Bolivia.
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