Ministro del Interior señala que atentado en Trujillo es por disputa entre mineros ilegales que ya habían “advertido oportunamente”

El ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, afirmó que el atentado con explosivos cometido en Trujillo está vinculado a una disputa entre mineros ilegales y subrayó que las autoridades habían alertado sobre el posible retorno de organizaciones criminales a la región.

Presencia oficial y primeras hipótesis sobre el atentado

La mañana del viernes 15 de agosto, Carlos Malaver Odias, ministro del Interior, acudió a Trujillo para supervisar directamente las indagaciones sobre el atentado registrado la noche anterior. El funcionario explicó que la visita obedeció a una instrucción de la presidenta de la República, quien simultáneamente viajó a la zona de Santa Rosa, Loreto, para abordar temas de seguridad nacional relacionados con la frontera y los recientes hechos violentos ocurridos tanto allí como en Trujillo.

En declaraciones a la prensa, Malaver Odias precisó que la información preliminar recogida indica que los agresores habrían utilizado entre 15 y 20 cartuchos de emulsión, explosivo habitualmente empleado en socavones vinculados a la minería ilegal. El ministro destacó que este dato refuerza la hipótesis sobre la implicancia de redes ilegales asociadas a la explotación mineral en el origen de la violencia.

Disputa criminal por control territorial y antecedentes

Según la investigación inicial de la Policía Nacional y del Departamento de Investigación Criminal (Dirincri), la principal línea apunta a una pugna entre organizaciones criminales por el dominio de espacios en la ciudad y el retorno de actividades ilícitas, como la extorsión. “La hipótesis sostiene que es una disputa entre grupos criminales, no un caso de extorsión directa”, afirmó Malaver Odias durante su intervención.

El ministro añadió que, tras la intervención del Comando Unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la provincia de Pataz, muchos integrantes de estas redes ilegales se desplazaron hacia Trujillo. La suspensión de cerca de 50.000 registros Reinfos (Registro Integral de Formalización Minera) por parte del Gobierno, hace pocos meses, modificó el escenario criminal, promoviendo que los grupos ahora intenten recuperar parte de sus antiguos espacios en zonas urbanas.

Malaver Odias advirtió que la reaparición de figuras criminales que habían salido recientemente de prisión, como John Cruz, alias “John Pulpo”, muestra intentos de recomposición en la estructura delictiva local.

Advertencias previas y acciones policiales

El titular del Interior sostuvo que la situación actual fue advertida previamente por autoridades policiales. “El general Arriola, mi persona y otros oficiales ya lo habíamos anticipado públicamente, y en este momento nos enfrentamos a un riesgo que no se desconocía”, manifestó Malaver Odias ante la prensa.

En esa línea, destacó las acciones desarrolladas por la Policía en la región, que han permitido el envío a prisión preventiva de unos 400 individuos relacionados con delitos conexos. Estas detenciones han contribuido al incremento de la población interna tanto en el penal El Milagro como en el Centro de Tratamiento La Floresta, hecho que ya ha sido comunicado por los responsables de ambos centros debido a la falta de capacidad.

Daños materiales, víctimas y situación actual

De acuerdo con la información recopilada, el ataque con explosivos en Trujillo afectó de forma directa una vivienda deshabitada y que se hallaba en venta, perteneciente a la madre de un sujeto apodado “Bolaños”, liberado hace pocos meses y vinculado a redes delictivas. El saldo preliminar es de tres personas heridas y más de una centena de inmuebles perjudicados, según datos oficiales.

Consultado sobre los autores materiales, Malaver Odias indicó que la Dirección de Investigación Criminal aún no tiene confirmación de la identidad de las bandas implicadas y que cualquier avance en esas pesquisas se mantendrá en estricta reserva. Mientras tanto, anunció que se coordinan acciones con el Gobierno regional y autoridades municipales para brindar apoyo a los afectados y prevenir nuevos actos de violencia.