El Ministerio de la Producción (PRODUCE) ha vuelto a optar por el camino de los regímenes excepcionales para el pago de multas administrativas en el sector pesca y acuicultura, esta vez con una condonación que alcanza cifras históricas: más de S/611 millones en deudas acumuladas, la gran mayoría atrapadas en etapas de cobranza coactiva y sin perspectivas reales de ser recuperadas en su totalidad.
El nuevo proyecto de Decreto Supremo, actualmente en consulta pública, propone descuentos del 50% y 40% para deudas sancionadas desde 1998 hasta julio de 2025, facilitando además el pago en cuotas o permitiendo el aplazamiento. La justificación oficial es mejorar la recaudación y “fomentar la liquidez” en la cadena productiva. Sin embargo, basta un repaso a las experiencias recientes para cuestionar el verdadero impacto y la justicia de esta política, que consolida una preocupante tendencia a premiar el incumplimiento.
PRODUCE y un patrón de las condonaciones para el sector pesca
No es la primera vez que Produce recurre a medidas de este tipo. El antecedente más cercano es el Decreto Supremo N° 003-2016-PRODUCE, que instauró un régimen excepcional de ventajas para los deudores, estableciendo una rebaja del 59% en multas sin distinguir la gravedad de las infracciones.
En aquel entonces, no solo se benefició a personas naturales y jurídicas de manera indiscriminada, sino que la administración celebró una supuesta “eficiencia” adicional: la disminución drástica de expedientes administrativos y litigios judiciales. Menos trámites, menos reclamos y un aparente “alivio” para las oficinas estatales. Pero esa lectura de la eficiencia como reducción de carga sancionadora ignora el daño institucional de establecer que resistir el pago de una multa, litigarla o simplemente esperar, termina generando un premio futuro.
En diciembre de 2024, el propio Ministerio agudizó esta línea con el Decreto Supremo N° 020-2024-PRODUCE, que permitió descuentos de hasta 80% para deudas previas a 2021. Aquella vez, los beneficiarios fueron empresas y personas con permiso de pesca o título habilitante, es decir, operadores activos con capacidad de presión.
El argumento oficial fue que así se contribuía a la reactivación económica tras la pandemia y eventos climáticos adversos como el Ciclón Yaku o el Fenómeno El Niño. Los créditos suplementarios y la flexibilidad sancionadora se presentan una vez más como remedios a la crisis, pero su reiteración sistemática erosiona cualquier efecto disuasorio y envía una señal inequívoca: resistir y no pagar puede ser la estrategia más rentable para el sector.
La pesca y sus multas en blanco y negro: un largo historial
El escenario que describe Produce para justificar el proyecto es contundente. En la exposición de motivos, existen más de 13.000 expedientes con deuda pendiente entre 1998 y 2025, por un total de S/611 millones 729.812,66 millones.
Más del 99% (S/611 millones 628.679,88) de este monto corresponde a expedientes en etapa de cobranza coactiva, lo que demuestra graves fallas en la capacidad estatal para el cobro oportuno y una cultura de incumplimiento asentada en el sector. La deuda ordinaria (pendiente de apelación, juicio u otras etapas previas) representa apenas S/101.132,78.
El nuevo proyecto mantiene y agrava los incentivos negativos. Las multas impuestas entre marzo de 2019 y diciembre de 2021 podrán rebajarse en un 50%, y el resto de las sancionadas hasta el 31 de julio de 2025 gozará de un descuento del 40%. Para ambos casos, se habilitan facilidades de pago en hasta 18 cuotas mensuales o un aplazamiento de tres meses.
Pesca: “Efectos positivos” para los deudores, daño a la autoridad
Según la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos del propio ministerio, la lógica es que reducir drásticamente las multas y permitir su pago en plazos amplios libera recursos en las empresas pesqueras, los cuales podrían usarse en tecnología, capacitación o modernización, dinamizando la producción, elaboración y exportación.
Además, se busca justificar que esto aliviaría los efectos de la pandemia y de los shocks climáticos recientes. Sin embargo, la experiencia de los años previos es clara: los regímenes excepcionales solo consolidan la renuncia de la autoridad fiscalizadora y envían un mensaje de recompensa al incumplimiento.
La reducción de la carga administrativa y litigiosa se celebra como eficiencia, cuando en realidad es expresión de la debilidad institucional y la pérdida del efecto disuasivo de la sanción. El esquema no distingue gravedad de las infracciones ni reincidencia. Así, grandes infractores que lograron sostener impugnaciones y litigios por años se benefician en igual condición que pequeños actores o faltas formales.
La pesca y el impacto en la recaudación estatal y recursos públicos
El propio Produce justifica las condonaciones apelando a la menor “litigiosidad” y al “alivio” de los sistemas estatales, pero eso equivale a valorar más la comodidad burocrática que la equidad y firmeza sancionadora. La sucesión de rebajas –59%, 80%, 50% y 40%– profundiza la percepción de que cumplir la ley solo es obligatorio para los menos informados o los que no pueden resistir ante el Estado.
La lógica economicista de “mejor liquidez” no tiene la menor evidencia pública de que los recursos condonados se destinen a mejorar la formalidad o reducir el impacto ambiental. En la práctica, la política pública se reduce a preferir dejar de recaudar antes que fortalecer mecanismos de fiscalización y ejecución. Las ganancias inmediatas se diluyen ante el daño de mediano plazo: se premia el incumplimiento y se perpetúa el círculo de nueva morosidad a la espera del próximo beneficio.
De esta manera, el Estado reconoce, por detrás de los argumentos oficiales, su incapacidad histórica para sancionar y cobrar con eficacia. Una vez más, opta por licuar su propia autoridad a cambio de una fracción del dinero adeudado, mientras el mensaje para el sector está claro: la espera y la resistencia terminan rindiendo mejores frutos que el cumplimiento oportuno.
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