Keiko Fujimori, presidenta electa del Perú: ¿cuáles son sus propuestas para enfrentar los principales desafíos del país?

El nuevo gobierno plantea medidas urgentes en materia de seguridad, salud, educación y economía, en un contexto marcado por la desconfianza institucional y la polarización social

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Keiko Fujimori tendrá que enfrentar difíciles desafíos como presidente de la República del Perú. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Keiko Fujimori tendrá que enfrentar difíciles desafíos como presidente de la República del Perú. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Con el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 100%, Keiko Fujimori, presidenta electa del Perú, se impone por una diferencia de cerca de 50 mil votos en su cuarto intento por llegar al poder. La lideresa de Fuerza Popular asume la presidencia en un escenario de marcada polarización política y altos niveles de desconfianza social. Su mandato, previsto para el periodo 2026-2031, inicia en medio de demandas urgentes por seguridad, salud, educación y reactivación económica.

La ajustada victoria de Fujimori, obtenida con el 50,135% de los votos válidos, representa uno de los resultados más reñidos de la historia reciente del país y supone el retorno del fujimorismo al poder después de veinticinco años, como reportó Deutsche Welle. Frente a este nuevo contexto, el plan de gobierno de Fuerza Popular traza propuestas específicas para atender los desafíos centrales que enfrenta el Perú.

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El programa de la presidenta electa, titulado “Perú con Orden”, plantea ejes de acción en seguridad, salud pública, educación, crecimiento económico y financiamiento de infraestructura, temas que se detallan a continuación.

Ilustración en acuarela de Keiko Fujimori sonriendo en primer plano, con cabello oscuro y blusa blanca, y el Palacio de Gobierno de Perú detrás.
Una ilustración en acuarela presenta a Keiko Fujimori sonriendo al frente, con el Palacio de Gobierno de Perú y banderas peruanas detrás. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inseguridad ciudadana: Plan para frenar la delincuencia

La inseguridad ciudadana lidera la agenda del nuevo gobierno. Fuerza Popular propone la creación de Centros de Comando y Videovigilancia en las 24 regiones, el despliegue de 1.000 patrulleros inteligentes y la instalación de 10.000 cámaras de vigilancia. El fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú es considerado una prioridad para recuperar el control territorial y mejorar la respuesta ante el delito.

El plan prevé la construcción de cuatro mega penales bajo administración temporal de las Fuerzas Armadas y la ampliación de las Unidades de Flagrancia Express, medidas orientadas a agilizar la detención y procesamiento de delitos en flagrancia. Además, incorpora la aplicación de inteligencia artificial para identificar patrones delictivos y anticipar situaciones de riesgo, según el documento oficial.

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Expertos citados por Infobae señalan que la implementación de estas propuestas enfrenta desafíos técnicos y financieros. El documento reconoce que “vivir con tranquilidad, trabajar con estabilidad y emprender con confianza se ha vuelto cada vez más difícil”, y fija metas de impacto inmediato para los primeros cien días de gestión.

CIDH cuestiona estrategia peruana contra la inseguridad. Foto: Difusión
CIDH cuestiona estrategia peruana contra la inseguridad. Foto: Difusión

Salud pública: Mejoras en hospitales y abastecimiento

Mejorar la salud pública es otro de los ejes centrales del plan de Fuerza Popular. La propuesta prioriza la modernización de la infraestructura hospitalaria del Ministerio de Salud (Minsa), incluyendo la construcción y rehabilitación de hospitales en áreas urbanas y rurales de alta demanda. Se busca consolidar un sistema de compras centralizadas para garantizar el abastecimiento eficiente de medicamentos y equipos médicos.

El programa contempla la utilización de tecnología para controlar inventarios en tiempo real, evitando faltantes de insumos críticos en los hospitales del país. Entre los objetivos inmediatos figura la ampliación de la cobertura en atención primaria y el fortalecimiento de los sistemas de referencia y contrarreferencia hospitalaria.

Asimismo, el plan incluye el fortalecimiento de las campañas de prevención, el incremento de la cobertura de vacunación y el refuerzo de la atención materno-infantil. Se subraya la necesidad de transparencia en la gestión de recursos y de monitoreo en los resultados de las políticas de salud.

Contraloría alerta fallas en tomógrafos de Rebagliati y Almenara que afectaron la salud de pacientes. Composición Infobae Perú.
Contraloría alerta fallas en tomógrafos de Rebagliati y Almenara que afectaron la salud de pacientes. Composición Infobae Perú.

Educación nacional: Presupuesto y meritocracia docente

La educación es presentada como un motor clave para el desarrollo. El plan de Fuerza Popular prevé la construcción de 3.000 colegios durante el quinquenio, junto con la intervención en instituciones educativas que presentan daños estructurales, especialmente en zonas rurales y urbanas con alta matrícula. El objetivo es garantizar ambientes seguros y adecuados para el aprendizaje.

Respecto al presupuesto escolar, el documento oficial propone un incremento progresivo y la creación de infraestructura educativa resiliente ante riesgos climáticos y sísmicos. Las inversiones estarán focalizadas en reducir las brechas históricas en el acceso a la educación de calidad en regiones vulnerables.

En el ámbito docente, el plan impulsa la meritocracia a través de un programa nacional de desarrollo profesional, enfocado en habilidades digitales, inteligencia artificial y metodologías innovadoras. Se plantea asegurar el pago de la deuda social pendiente a los maestros y fomentar redes de formación continua.

Colegios de San Francisco, en Ayacucho, iniciarán clases el 23 de marzo tras emergencia por huaicos. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Colegios de San Francisco, en Ayacucho, iniciarán clases el 23 de marzo tras emergencia por huaicos. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Crecimiento económico: Reactivación y empleo formal

La reactivación económica es una prioridad para la presidenta electa. El plan de Fuerza Popular apuesta por un “shock desregulatorio”, que incluye la eliminación de más de 500 trámites administrativos y la creación de una Ventanilla Única Digital Nacional para digitalizar el 80% de los procedimientos empresariales.

El programa estima que estas medidas permitirán atraer entre 5.000 y 7.000 millones de dólares anuales en inversión privada y crear más de 500.000 empleos formales cada año. Además, se proyecta reducir el déficit fiscal al 1% del PBI hacia 2031, consolidando la sostenibilidad macroeconómica.

El impulso a sectores estratégicos como minería, agricultura, turismo y manufactura es clave en la estrategia económica. Se incluyen incentivos para la formalización empresarial y la innovación, buscando diversificar la matriz productiva.

Imagen de mano con soles y foto de Lima algo oscura
¿Qué pasará con la economía peruana en 2023 y 2023? Cepal muestra sus cifras del crecimiento que difiera de las del MEF. | Andina/Shutterstock

Financiamiento: ¿Cómo costearán los megaproyectos?

El financiamiento de los grandes proyectos de infraestructura se apoya en el uso de Asociaciones Público-Privadas (APP) y el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). El plan prevé movilizar recursos privados mediante la monetización de activos estatales subutilizados, con el objetivo de evitar aumentos significativos de la presión fiscal.

Se contempla la posibilidad de aumentar hasta en 1% del PBI la deuda pública, exclusivamente para proyectos de inversión productiva con alto retorno social y económico. El documento señala que este endeudamiento será temporal y estará orientado a obras de infraestructura que permitan dinamizar la economía.

Obras por impuestos - OXI
Obras por impuestos - OXI

El fortalecimiento de la recaudación tributaria mediante la ampliación de la base y la simplificación de obligaciones fiscales es otro de los mecanismos previstos. El uso de tecnología para combatir la evasión y la informalidad busca garantizar la viabilidad financiera y la sostenibilidad de los compromisos asumidos por la nueva administración.

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