En septiembre de 2024, Fabricio Alfredo Valencia Gibaja asumió la dirección del Ministerio de Cultura en reemplazo de Leslie Carol Urteaga. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en el tratamiento jurídico del patrimonio cultural, estudios de maestría en Museología y Gestión Cultural en la Universidad Ricardo Palma y un posgrado internacional en Patrimonio y Turismo Sostenible en la Universidad Nacional Tres de Febrero, en Argentina, Valencia llegó al cargo con un perfil técnico y experiencia en la administración pública. Durante años, ocupó funciones estratégicas en la cartera: jefe del Área de Patrimonio Cultural, asesor del ministro y del viceministro, así como miembro de la comisión que elaboró el Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
A punto de cumplir un año en el cargo, la gestión de Valencia enfrenta un panorama donde las demandas de protección y conservación del patrimonio cultural superan la capacidad de respuesta institucional. Su propia evaluación, hecha en 2020 para el portal Lima la Gris, parecía advertirlo: “El Ministerio de Cultura tiene identificados más de 20 mil sitios arqueológicos en todo el país, y esto supera su capacidad logística ampliamente. No hay labores de prevención porque no hay un plan de prevención, no hay un protocolo de intervención. (...) Tampoco hay un protocolo para intervenir sitios en riesgos”. Cinco años después, esas palabras resuenan frente a daños, recortes presupuestales y crisis de gestión que comprometen desde geoglifos milenarios hasta el principal atractivo turístico del Perú.
En los últimos meses, el debate sobre su liderazgo se intensificó con episodios que pusieron bajo la lupa decisiones del ministerio. La reducción temporal del área protegida de las Líneas y Geoglifos de Nasca de 5,600 a 3,200 km² —anunciada en una sesión descentralizada del Congreso en Ica y revertida poco después— desató cuestionamientos políticos y técnicos. Las críticas también apuntan a la falta de acciones preventivas en sitios vulnerables, así como a la ausencia de un plan articulado para enfrentar amenazas como el huaqueo, el tráfico de terrenos y el vandalismo.
Mientras el Ministerio de Cultura busca defender su trabajo, la percepción pública se inclina hacia una gestión que responde más a la presión de los acontecimientos que a una estrategia sólida. Los casos en Nasca, Caral, Machu Picchu y Chan Chan evidencian la fragilidad de un sistema que, pese a décadas de diagnósticos, sigue sin garantizar protección efectiva a su patrimonio.
La controversia por las Líneas de Nasca
En mayo, el Ministerio de Cultura presentó un nuevo plano que recortaba en más de un 40% la extensión protegida de las Líneas y Geoglifos de Nasca, Patrimonio de la Humanidad desde 1994. El anuncio, hecho por el propio ministro Valencia ante autoridades locales y congresistas como Edgard Reymundo y Martha Moyano, generó rechazo inmediato. La reducción dejaba fuera miles de hectáreas que podrían destinarse a otras actividades.
El impacto político fue inmediato: tres mociones de interpelación en el Congreso y un debate público que cuestionó la coherencia de la medida con la obligación de resguardar el patrimonio. La reversión de la Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC, apenas semanas después, dejó la sensación de improvisación y de una gestión más reactiva que planificada.
En paralelo, huaicos y lluvias habían causado daños visibles en geoglifos y en el Museo de Sitio de Chan Chan, sin que se conocieran planes de mantenimiento preventivo concretos. Las críticas se centraron en que, más allá de la polémica legal, el ministerio no muestra capacidad operativa para anticipar y mitigar amenazas sobre el terreno.
Recortes y desprotección en Caral
La situación de la Ciudad Sagrada de Caral, reconocida como la civilización más antigua de América, expone otro ángulo del problema. La directora de la Zona Arqueológica, Ruth Shady, denunció que el Ministerio de Cultura redujo en casi 50% el presupuesto destinado al sitio en 2024, lo que provocó el despido de 80 trabajadores locales y afectó las labores de investigación y conservación.
“Empecé a buscar presupuesto, pero en nuestro país se invierte muy poco en investigación, y en arqueología, menos todavía. De acuerdo a lo que se ha evaluado, solamente el 0.12% se invierte en investigación, y en arqueología es menos que eso”, declaró Shady a Infobae Perú.
La falta de recursos no es el único problema. En años anteriores, Caral contaba con cinco policías para su custodia. Hoy, la infraestructura destinada a ellos está vacía. “No tenemos ni siquiera uno. La casa del policía ahora está vacía”, lamentó Shady, hace cuatro semanas. Esta reducción de personal aumenta la vulnerabilidad del sitio frente a invasores y traficantes de terrenos.
El desorden que erosiona la confianza en Machu Picchu
En Cusco, el acceso a Machu Picchu se ha convertido en un punto crítico para el turismo peruano. El sistema de venta presencial de 1,000 entradas diarias se ha visto envuelto en acusaciones de especulación, mercado negro y falta de transparencia. Operadores informales ofrecen boletos al doble o triple del precio oficial, mientras turistas permanecen horas en colas sin garantías de ingreso.
Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, advirtió que este caos provoca la pérdida de unas 3,000 entradas por semana, lo que se traduce en aproximadamente S/ 25 millones anuales en ingresos informales y pérdidas operativas.
Las posturas de los ministerios involucrados no son coincidentes. Mientras el Ministerio de Cultura defiende el modelo actual y minimiza el impacto de las denuncias, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo reconoce la necesidad de revisar el sistema. Esta falta de liderazgo conjunto genera incertidumbre entre operadores turísticos y comunidades locales.
Ante las críticas, Valencia declaró a Canal N el 1 de agosto: “No se va a cambiar. Estamos mejorando la metodología de expendio de los 1,000 boletos presenciales”. Sin embargo, la ausencia de un plan integral mantiene las tensiones y cuestiona la capacidad de gestión del sector.
Chan Chan: maquinaria pesada en zona intangible
En el norte del país, el Complejo Arqueológico de Chan Chan sufrió la destrucción de 600 metros cuadrados en el sector conocido como Pampas de Alejandro. Según reportó la agencia Andina, un grupo ingresó con maquinaria pesada y dañó la zona intangible.
El hecho pone en evidencia la fragilidad de la protección estatal: daños a plena luz del día, falta de vigilancia efectiva y demoras en la respuesta institucional. Los especialistas señalan que, sin personal suficiente ni protocolos claros, la defensa del patrimonio queda expuesta a intereses privados y acciones ilegales.
Huaqueo, tráfico de terrenos, vandalismo, invasiones y desastres naturales forman un escenario complejo para el patrimonio cultural del Perú. Sin embargo, la gestión del Ministerio de Cultura, bajo el mando de Fabricio Valencia, enfrenta críticas por la falta de prevención y de una estrategia de largo plazo que integre a las comunidades locales, los gobiernos regionales y el sector privado.
En la práctica, las acciones parecen orientarse más a responder crisis puntuales que a construir un sistema sólido de protección. Desde Nasca hasta Chan Chan, pasando por Caral y Machu Picchu, las carencias logísticas, presupuestales y de liderazgo político marcan una constante que erosiona tanto el patrimonio material como la credibilidad de las instituciones encargadas de preservarlo.
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