La Contraloría General de la República inició una investigación simultánea en las regiones de La Libertad, Loreto, Huancavelica y Junín para identificar y documentar posibles irregularidades en contrataciones públicas que habrían favorecido a la empresa LC & EC Constructora, Consultora y Servicios S.A.C., así como a los consorcios en los que participa.
El despliegue incluye la presencia de equipos técnicos de Lima que supervisarán in situ el trabajo de los auditores regionales, garantizando la objetividad y legalidad de las intervenciones.
Obras bajo la lupa
En La Libertad, las pesquisas se centran en dos proyectos: el mejoramiento del corredor vial Trujillo–Huanchaco, y la ampliación del Hospital Provincial de Virú. En Loreto, se investiga el plan de contingencia del servicio de neonatología del Hospital Regional “Felipe Arriola Iglesias”.
En Junín, el foco está en el mejoramiento del Hospital de Apoyo Manuel Higa Arakaki en Satipo, mientras que en Huancavelica se recopila información sobre el establecimiento de salud de nivel I-4 en Acoria.
Según la Contraloría, se busca recabar información técnica, administrativa y contractual directamente en las unidades ejecutoras responsables de las obras, en el marco de la Ley N.° 27785 y la Directiva N.° 019-2022-CG/GMPL.
La joven empresaria y los contratos millonarios
Detrás de estas licitaciones se encuentra Lucero Coca Condori, de 23 años, quien registró LC & EC en 2023 sin experiencia previa ni personal técnico acreditado. Pese a ello, su empresa obtuvo contratos por más de S/522 millones en tres regiones durante 2025.
En La Libertad, bajo la gestión del gobernador César Acuña, la compañía ganó S/121.5 millones para el Corredor Vial Norte y S/194.58 millones para el hospital de Virú, sumando S/315.6 millones. En Junín, el 9 de abril se adjudicó S/207 millones para el hospital de Satipo, y en Loreto, S/22.4 millones para el hospital Felipe Arriola Iglesias.
Consorcios con socios de mínima participación
LC & EC logró estos contratos formando consorcios con empresas de trayectoria como Marquisa S.A.C., Riva S.A. y Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A. Sin embargo, estas compañías tuvieron participaciones mínimas —entre 1% y 10%—, mientras la firma de Coca asumió hasta el 99% de las responsabilidades, incluyendo la ejecución de las obras.
Expertos como Mónica Yaya han señalado que este modelo, aunque legal, aprovecha vacíos normativos para que empresas sin historial técnico accedan a licitaciones millonarias.
Procesos cuestionados y descalificación de competidores
En Junín, la adjudicación del hospital de Satipo dejó fuera a 11 competidores durante la etapa de evaluación, dejando como único postor válido al consorcio de LC & EC. En Loreto, el patrón fue similar: un socio con experiencia mínima y la joven empresa como ejecutora principal.
Estos procesos despertaron dudas sobre la transparencia y la equidad en la competencia, lo que motivó el inicio de la investigación de la Contraloría y el interés de la Fiscalía Anticorrupción.
En ese sentido, la entidad fiscalizadora dispuso que auditores internos verifiquen que todas las actuaciones realizadas y por realizarse estén alineadas a la normativa vigente y a los principios del control gubernamental. El objetivo es prevenir y detectar posibles casos de inconducta funcional, así como proteger los intereses del Estado y de la ciudadanía, según señalan.
Acuña niega vínculos, pero hay reuniones previas
César Acuña negó conocer a Lucero Coca o tener relación con LC & EC, asegurando que las licitaciones fueron transparentes y ejecutadas por comités técnicos bajo la Ley de Contrataciones del Estado. No obstante, medios como Panorama y Epicentro TV revelaron reuniones de Coca y su padre con Acuña y el gerente regional Martín Namay antes de las adjudicaciones.
Las investigaciones también revisan la ausencia de cartas fianza en contratos de La Libertad, permitida por la Ley N.° 32103, y la baja participación de empresas con experiencia en los consorcios ganadores, lo que incrementa las sospechas de favorecimiento.
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