El exministro de Vivienda del expresidente Pedro Castillo, Geiner Alvarado, reapareció en una reciente audiencia judicial y dio a conocer que la Fiscalía le ofreció ser colaborador eficaz en el caso por el que se le impuso 36 meses de prisión preventiva.
“Durante estos 829 días que llevo en el penal Castro Castro, como lo manifesté, la Fiscalía solamente ha venido a recibir una declaración mía en una sola oportunidad. 829 días en los que solo se acercaron a pedirme si voy a ser colaborador eficaz”, protestó Alvarado en la audiencia de apelación donde se evaluó su excepción de improcedencia de acción.
El extitular de Vivienda sostuvo que “en un país democrático no debería ser de esta manera” la actuación del Ministerio Público. Consideró que “durante todo este tiempo” se tuvo que haber contrastado los elementos recabados por la Fiscalía con sus declaraciones. “Lo cual no se ha realizado”, cuestionó.
“Me considero una persona democrática que me adhiero y me ajusto a que la justicia realice el trabajo, pero que no se abuse de esta solamente porque el señor Geiner Alvarado trabajó con el señor Pedro Castillo. Soy un peruano más que se somete a la justicia, pero no me someto al abuso de la misma. La justicia no es defender un poder, sino la democracia”, apuntó.
El recurso
En la audiencia se evaluó la excepción de improcedencia de acción formulada por la defensa de Geiner Alvarado, Humberto Abanto, con el objetivo de que se archive la investigación en su contra por el delito de organización criminal.
Para ello, Abanto invocó la Ley 32108 que modificó la definición de organización criminal. El letrado afirma que con dicha norma su cliente ya no puede ser procesado por organización criminal. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema escuchó a las partes y notificará su decisión en el plazo de ley.
El caso
A Geiner Alvarado se le atribuye haber desempeñado un rol clave como exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde habría facilitado el copamiento de cargos públicos y el direccionamiento de proyectos por un valor de S/ 500 000 000, favoreciendo a empresas específicas a cambio de beneficios económicos.
Además, se señala que coordinó actividades ilícitas con un “buró político” integrado por figuras como Jenin Abel Cabrera Fernández, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez y José Nenil Medina Guerrero, quienes, sin ser funcionarios públicos, influían en decisiones ministeriales con su anuencia y la de Pedro Castillo.
Su arraigo domiciliario es cuestionado debido a la falta de claridad sobre su domicilio real, registrando múltiples direcciones en Lima y Amazonas, y su arraigo laboral se considera irrazonable, ya que presentó un contrato con la empresa constructora HT S.A.C., vinculada a una adjudicación simplificada financiada por el Decreto de Urgencia n.º 102-2021, lo que refuerza su presunta implicación en la organización criminal. La Sala Suprema, al declarar fundada la apelación del Ministerio Público, revocó la comparecencia con restricciones inicial y ordenó 36 meses de prisión preventiva, considerando la gravedad de los delitos y la necesidad de garantizar su presencia en el proceso penal.
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