El exgobernador regional de Junín y actual prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, pidió al Poder Judicial ser apartado de la investigación preparatoria por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de Perú Libre, el partido que fundó y con el que llegó al poder la actual presidenta, Dina Boluarte.
Mediante su defensa legal, el líder de la agrupación política presentó un recurso de excepción de cosa juzgada con el fin de evitar que la Fiscalía continúe el proceso en su contra por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.
Según un despacho difundido este miércoles por la emisora RPP, este recurso fue ingresado al despacho del juez Leodan Cristóbal Ayala, titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien ha convocado una audiencia virtual para evaluar el pedido el lunes 25 de agosto a las 9.00 horas.
La figura de cosa juzgada impide que una persona sea procesada nuevamente por un hecho ya resuelto mediante una sentencia firme, con el objetivo de garantizar la estabilidad de las decisiones judiciales y evitar litigios repetidos sobre un mismo caso.
Cerrón enfrenta una orden de prisión preventiva de 24 meses en el marco de esta investigación. Sin embargo, se encuentra en la clandestinidad desde el 6 de octubre de 2023, tras ser sentenciado a tres años y seis meses de prisión por el delito de colusión, condena que fue anulada posteriormente por la Corte Suprema.
Según la tesis fiscal, Cerrón presuntamente lideraba una red de cobros ilegales para financiar las campañas electorales y pagar la indemnización de la condena por corrupción que tiene vigente y que le impidió ser candidato presidencial de su partido.
En agosto de 2022, el Poder Judicial incautó más de 3 millones de soles (equivalentes a 770.000 dólares) de cuentas bancarias pertenecientes al fundador y secretario general de Perú Libre, así como a su madre, Bertha Rojas.
Dina Boluarte, también investigada
Boluarte también enfrenta una investigación fiscal por presunto lavado de activos y financiamiento prohibido de organizaciones políticas durante la campaña electoral de 2021. A fines de julio, el Ministerio Público la citó para declarar el próximo 14 de octubre en el marco de esta pesquisa, que abarca hechos ocurridos antes de asumir el cargo, cuando aún no tenía la condición de aforada.
Según una resolución fiscal revelada por Panorama, las diligencias se iniciaron tras el testimonio de un colaborador que afirmó que la jefa de Estado solicitó 150.000 soles a un empresario para costear su postulación presidencial por Perú Libre.
El documento señala que la supuesta reunión tuvo lugar el 19 de mayo de 2021, pocos días antes de la segunda vuelta electoral en la que Pedro Castillo venció por escaso margen a Keiko Fujimori, y donde Boluarte resultó electa como única vicepresidenta.
En el encuentro habrían estado presentes allegados de la hoy mandataria, entre ellos la fallecida Marcela Saldarriaga, considerada testigo clave dentro del caso. También se menciona al empresario Eduvigis Beltrán, propietario de la empresa de alimentos Beltrán.
No obstante, en 2023, Beltrán negó que esa reunión haya ocurrido y descartó que se haya formulado algún pedido de dinero.
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