Los enfrentamientos del Gobierno de Dina Boluarte con la CIDH desde el inicio de su mandato

La presidenta Dina Boluarte expresó su respaldo a la Ley de Amnistía para militares y policías, durante la ceremonia de graduación de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú, este jueves 31 de julio.

La mandataria se pronunció en contra de la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en asuntos internos del país. Sus declaraciones se dan en un contexto de la reciente advertencia del tribunal internacional que solicitó al Estado peruano frenar esta norma.

No es la primera vez que la jefa de Estado desafía una recomendación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). En junio pasado, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno peruano a no refrendar el proyecto de ley 7549/2023-CR. “El organismo internacional recordó al Estado peruano su obligación, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y las sentencias de la Corte Interamericana, de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas”, resaltó el comunicado oficial.

Controversia por la Ley de Amnistía

En otro momento, el Parlamento promulgó, además, una ley que limita la aplicación de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Esto beneficia especialmente a militares y policías, tras la decisión del Ejecutivo de Dina Boluarte de no observarla y dejar que se apruebe en desafío directo con la Corte IDH. Al respecto, la Corte reiteró: “Exhortamos al Estado peruano a no promulgar esta ley”.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, señaló que la ley contraviene los compromisos internacionales del Perú. “La ley contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional y constituye un hecho preocupante, en medio de un retroceso más amplio en cuanto a derechos humanos y al Estado de derecho en Perú”. Su portavoz, Ravina Throssell, apuntó que “la falta de rendición de cuentas por estos crímenes, cuando quiera que se hayan cometido, pone en peligro los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de miles de víctimas de graves violaciones en Perú”.

Autoridades peruanas rechazan imposiciones de la CIDH

El ministro del Interior, Carlos Malaver, en diálogo con Canal N, rechazó explícitamente el pedido de la Corte sobre la Ley de Amnistía. “La Corte no nos puede marcar la pauta, no puede decir qué hacer o qué no hacer”. Justificó su posición señalando que era un general en situación de retiro, pero que sigue siendo un policía. “¿Cómo no estar de acuerdo con haber visto 35 años de mi vida persecuciones por demás? Estoy de acuerdo completamente. Tenemos que defender nuestra soberanía. Tenemos que solucionar nuestros propios problemas. Debemos hacer lo que debemos hacer para salvar a nuestro país”, remarcó.

La presidenta de la CIDH, Nancy Hernández López, pidió suspender de forma inmediata el trámite de la ley y convocó a una audiencia pública con víctimas del conflicto armado. Esta audiencia está programada para el 21 de agosto en Costa Rica. La CIDH recalcó la importancia de que el Estado peruano cumpla con los estándares internacionales y garantice justicia para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

El escenario evidencia una confrontación política sostenida entre el Poder Ejecutivo peruano y organismos internacionales de derechos humanos. El debate por la Ley de Amnistía y la definición de crímenes de lesa humanidad mantiene latente la controversia y la preocupación en la sociedad civil, así como en la comunidad internacional.