En medio del extenso y criticado Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte sorprendió al anunciar la creación de un Programa Nacional de Alimentación y Bienestar Comunitario, una nueva iniciativa que dependerá del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Aunque se presentó como un cambio estructural para la acción social en el país, el anuncio llegó sin mayores precisiones sobre su implementación, metas específicas o presupuesto.
Este nuevo programa aparece meses después de que el Gobierno decretara oficialmente la extinción de Wasi Mikuna, el plan alimentario que atendía a más de 4.2 millones de escolares. A través de un Decreto Supremo publicado en abril, se declaró en emergencia el servicio alimentario escolar, tras una serie de intoxicaciones masivas registradas en colegios públicos de regiones como Junín, Loreto y Puno. El Ejecutivo estableció como fecha límite el 31 de diciembre de 2025 para cerrar por completo el antiguo sistema, y prometió una “transición ordenada”.
Wasi Mikuna llegó a su fin tras múltiples escándalos por intoxicaciones
El cierre de Wasi Mikuna se veía venir. El programa, y su predecesor Qali Warma, acumularon durante más de una década diversas denuncias por distribución de productos vencidos, mal almacenados o en mal estado, o incluso con carne de caballo en vez de res. El caso más grave ocurrió en marzo de 2024, cuando 23 niños de una escuela en Puno resultaron intoxicados tras consumir alimentos del programa Qali Warma. Durante los primeros meses del 2025, otros menores fueron afectados en Loreto, Piura y otros departamentos por productos en mal estado que contenían gusanos y materia en descomposición.
El Midis justificó la clausura señalando que la estructura operativa de Wasi Mikuna presentaba “limitaciones acumuladas en el tiempo” y que no era viable corregirlas con simples ajustes. Se detectaron además deficiencias en la supervisión, vínculos cuestionables entre proveedores y laboratorios de control, y una modalidad de entrega que dejaba demasiadas decisiones en manos de comités comunales con escasa fiscalización.
En respuesta, se declaró en emergencia el servicio alimentario y se comenzó a pilotear una modalidad alternativa: subvenciones económicas directas a las familias. Esta nueva forma de asistencia ya se aplica en regiones como Cusco, Ayacucho y Piura, beneficiando a más de 13 mil escolares. El objetivo es evitar intermediarios y asegurar que los alimentos lleguen en condiciones óptimas a los estudiantes.
Un nuevo programa, las mismas dudas
Durante su discurso del 28 de julio, Dina Boluarte aseguró que el nuevo Programa Nacional de Alimentación y Bienestar Comunitario “permitirá fortalecer las capacidades de las organizaciones y lideresas” y tendrá un enfoque de inclusión productiva y cultural. Según explicó, esta iniciativa “reforzará la infraestructura social” y brindará una alimentación escolar de calidad.
Sin embargo, no se ofrecieron detalles operativos: no se precisó qué entidad lo gestionará, cómo se financiará, qué estándares tendrá o en qué regiones comenzará a implementarse. Tampoco se aclaró si reemplazará por completo al modelo de subvenciones ni cómo se resolverán los problemas logísticos que provocaron la crisis anterior.
El decreto de abril ya había adelantado que el Midis sería el encargado de diseñar nuevas modalidades de atención. Incluso se ordenó la instalación de una Comisión de Transferencia para mover los recursos humanos, presupuestales y logísticos de Wasi Mikuna al nuevo sistema. Pero a casi cuatro meses de emitida la norma, no hay reportes públicos sobre avances concretos ni cronogramas visibles.
En su mensaje, Boluarte reiteró que la alimentación escolar beneficiará a más de 4,2 millones de niñas, niños y adolescentes, y que tendrá un enfoque “saludable, con pertinencia cultural y territorial”. Pese a esa promesa, los padres de familia aún no saben bajo qué formato exacto sus hijos recibirán alimentos durante el próximo ciclo escolar, ni si los errores del pasado serán corregidos con transparencia y eficacia.
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