
En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, coincidieron en los actos oficiales. Este encuentro que no pasa desapercibido debido a las recientes tensiones institucionales entre ambos.
En los dos eventos, Te Deum y el Mensaje a la Nación ante el Congreso, Espinoza Valenzuela y Ríos Patio fueron ubicados el uno al costado del otro. No se reportó alguna interacción entre ambos funcionarios.
El cruce entre ambos, aunque protocolar, se produce en un momento de alta tensión. El presidente de la JNJ viene siendo cuestionado por una sentencia de 2011 por maltrato psicológico contra su exesposa; sin embargo, ha rechazado renunciar al cargo, argumentando que no cederá ante “presiones externas”.
La fiscal de la Nación, por su parte, ha ratificado que tiene completa legitimidad. Esto en clara reacción a la resolución de la JNJ con la que se pretende imponer a Patricia Benavides como titular del Ministerio Público.

En esa línea, Delia Espinoza reafirmó en un mensaje publicado por Fiestas Patrias que la autonomía del Ministerio Público es “innegociable”.
Previamente, la JNJ decidió abrir una investigación preliminar contra Espinoza por presunto desacato por no ceder su cargo a Patricia Benavides, pese a que fue elegida válidamente por la Junta de Fiscales Supremos.
El defensor
En el Te Deum y el Mensaje a la Nación de Dina Boluarte, también estuvo presente el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien ha defendido públicamente la resolución de la JNJ que repone a Patricia Benavides. Coincidentemente, Gutiérrez fue ubicado al lado izquierdo de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
No obstante, no es la única declaración cuestionada del defensor del Pueblo. Él ha defendido con firmeza la designación de Gino Ríos como miembro de la JNJ, a pesar de la controversia por una sentencia de 2011 por violencia familiar psicológica en agravio de su exesposa.

Gutiérrez sostiene que el proceso de selección cumplió rigurosamente con la Ley Orgánica de la JNJ y las bases del concurso público, asegurando que la sentencia estaba archivada y no representaba un impedimento legal, ya que no era de naturaleza penal, sino familiar.
Además, destacó que las decisiones de la Comisión Especial, que él presidió, fueron colegiadas y unánimes, involucrando a representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Contraloría y la sociedad civil, descartando cualquier responsabilidad individual por omisión y comprometiéndose a defender la institucionalidad de la JNJ frente a lo que califica como “intentos de deslegitimarla”.
Sin embargo, la postura de Gutiérrez ha generado críticas por minimizar los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la JNJ. Esta norma prohíbe explícitamente la participación de personas con sentencias consentidas por violencia familiar, independientemente de su naturaleza penal.
Organismos como el Colegio de Abogados de Lima han señalado que su interpretación normaliza la violencia contra la mujer y debilita la legitimidad del sistema de justicia, exigiendo esclarecer las responsabilidades de la Comisión Especial. Gutiérrez, por su parte, insiste en que no hubo irregularidades, ya que la información sobre la sentencia llegó fuera del plazo de tachas y el caso estaba archivado.
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