Comerciante herido por bala perdida del grupo Terna quedó con medio cuerpo paralizado: Familia denuncia irregularidades en su caso

Han pasado seis meses desde aquel día en que la rutina de Alindor Incil Cortéz, comerciante de La Parada en La Victoria, se transformó en una pesadilla irreversible. Como cada mañana, Incil descargaba mercadería en la avenida Aviación, una de las zonas más concurridas de Lima, cuando se desató una balacera consecuencia de una persecución policial a delincuentes. Una bala perdida lo alcanzó en la cabeza y alteró el curso de su vida y la de su familia para siempre.

El hecho ocurrió en pleno día y frente a numerosos testigos: tras el robo de pertenencias a una mujer en la zona de Gamarra, delincuentes huyeron en una mototaxi. Fueron seguidos por agentes del Grupo Terna y un policía de tránsito. Durante el fuego cruzado, mientras ajenos a la violencia algunos comerciantes continuaban con su trabajo, Incil fue alcanzado por uno de los proyectiles. La bala impactó en el hemisferio izquierdo de su cerebro, dejándolo al borde de la muerte.

Incil Cortéz permaneció más de un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos, luchando por sobrevivir. Tras recibir el alta médica, su recuperación se ha visto marcada por profundas secuelas neurológicas y físicas: no puede caminar, solo logra pronunciar palabras muy simples y vive dependiente del apoyo familiar y de costosos tratamientos de rehabilitación física.

Pero para la familia, el drama no termina en el hospital. Han iniciado una batalla paralela contra lo que consideran una cadena de irregularidades, vacíos y lentitud en la investigación del caso. “Hemos pasado seis meses buscando justicia y nadie se hace responsable”, denuncia la hermana de Alindor.

La bala desaparecida y la sombra de la impunidad

Uno de los episodios más desconcertantes para los Incil es la desaparición de la bala extraída del cuerpo de Alindor. Según testimonios recogidos por la familia durante la hospitalización, la bala nunca fue consignada oficialmente como elemento de prueba. La falta de este proyectil dificulta la identificación de quién disparó y agrava la desconfianza de la familia en las autoridades encargadas del caso.

“Uno de los neurólogos nos dijo que la bala había desaparecido. No está bajo custodia, y en la comisaría nos dijeron que no hay nada y no se puede hacer nada”, relata la hermana. Fotografías tomadas en el lugar mostrarían, además, que un policía de tránsito recogió un casquillo, pero tampoco fue registrado formalmente.

La familia también denuncia trabas al momento de sentar la denuncia. Durante horas no se les permitió formalizarla en la comisaría de Apolo. “Me dijeron que estaban moviendo papeles y que no iban a permitir que se encuentre a un culpable”, recuerda la hermana. Cuando finalmente lograron presentar su testimonio, la percepción era de falta de transparencia y diligencia.

El grupo Terna ha sido señalado por algunos policías como el posible responsable del disparo. Sin embargo, tras las citaciones judiciales, los agentes nunca se presentaron a las audiencias, mientras la familia tuvo que trasladarse varias veces hasta el centro de Lima sin recibir respuesta oficial. Conciliaciones propuestas no prosperaron y el proceso de investigación se ha estancado.

Sin ayuda ni justicia

Según la esposa del comerciante, ningún efectivo policial prestó auxilio ni colaboró con el traslado de Alindor al centro de salud. Nada fue sencillo: “Yo misma, junto a su ayudante, lo llevé en moto hasta el hospital. Una vez allí, tampoco nos quisieron dar camilla ni silla de ruedas. Entre la desesperación, logramos llevarlo hasta urgencias”. Para la familia, la falta de asistencia policial y médica inmediata agravó la situación.

La familia está afrontando gastos mensuales de hasta 4,500 soles en terapias, rehabilitación y medicinas, sumado a las necesidades de la vida cotidiana y la educación de los hijos de la víctima. “Ya no queda nada, nos estamos quedando sin ahorros”, relata la esposa.

Los Incil temen que el fiscal a cargo archive el caso sin esclarecer responsabilidades. El argumento sería que, al tratarse de una zona catalogada como “roja”, resulta complejo identificar al autor exacto. “El fiscal quiere cerrar el tema”, insiste la familia, que señala en la confusión del operativo y la falta de evidencia —especialmente la bala desaparecida— un obstáculo real para acceder a la justicia.