En uno de los hechos más controvertidos de los últimos meses, la muerte del suboficial PNP Julio Calderón Díaz durante un operativo en San Juan de Lurigancho ha estado marcada no solo por la violencia que caracteriza al distrito, sino por dudas en torno a la investigación forense y sospechas de irregularidades en el manejo de la principal prueba del caso: la bala que terminó con la vida del policía, lo cual beneficiaría a su colega.
El 12 de junio, Calderón Díaz, participaba junto a sus compañeros en una intervención policial cuando un ataque a balazos dejó un saldo trágico: él murió producto de un disparo y tres agentes resultaron heridos. El hecho ocurrió en medio de la creciente violencia que azota San Juan de Lurigancho, considerado uno de los distritos más golpeados por el crimen organizado y las bandas armadas.
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Polémica por informe de balística
Según el informe presentado por la Unidad de Investigación de América Noticias, la placa radiológica de la necropsia —realizada en la morgue de Lima el 13 de junio— mostraba que la bala extraída del cuerpo de Calderón se encontraba “homogénea y ligeramente deformada”. Sin embargo, apenas cuatro días después un informe de balística de la propia policía concluyó que el mismo proyectil estaba ahora notablemente “deformado y aprovechable y con otro peso”.
Este detalle no es menor. Para los peritos, la capacidad de una bala para ser analizada depende de que conserve sus características originales. Cuando el proyectil aparece modificado o alterado, incluso con un peso distinto al habitual, se pierde la posibilidad de determinar con exactitud de qué arma salió, obstaculizando así la investigación judicial y la atribución precisa de responsabilidades. En palabras simples: se vuelve imposible identificar con certeza al autor del disparo mortal.
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La Fiscalía no tardó en reaccionar ante las revelaciones. El Primer Despacho de la Primera Fiscalía Penal de San Juan de Lurigancho solicitó a la Unidad de Tanatología Forense el acta de lacrado y el formato de la cadena de custodia sobre la extracción de la bala, imágenes de rayos X relacionadas y la nómina de todo el personal que manipuló la evidencia entre el 13 y el 17 de junio. El objetivo es claro: establecer si hubo cambios, omisiones o eventuales manipulaciones que pudieran influir en el esclarecimiento de la muerte de Calderón Díaz.
Dudas en la transparencia de la investigación
El principal acusado del caso es Paul Galicia Chacón, sujeto sobre el que pesa una orden de prisión preventiva por 18 meses mientras se desarrollan las pesquisas. De acuerdo con el expediente y reportes de la Dirincri, Galicia Chacón —también policía— habría disparado contra sus propios compañeros durante el operativo. Incluso, medios nacionales han revelado que el suboficial ya había confesado haber accionado su arma durante el enfrentamiento, acabando con la vida de Calderón Díaz de manera directa o por impacto cruzado.
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No obstante, la aparición de la bala “cambiada” ha dado pie a una segunda hipótesis, de mayor gravedad: ¿es posible que el proyectil haya sido sustituido deliberadamente para desviar la investigación? Y, de ser así, ¿quién estaría detrás de una acción así en un caso de homicidio donde está involucrado un miembro de la propia institución policial?
Las dudas no son menores, considerando que toda la investigación depende de la prueba balística. Así lo advirtió el abogado penalista Dr. Dino Carlos Caro, quien señaló a América Noticias que “podría haberse dado un cambiazo. Cambia la bala que se pericia y por lo tanto, pues este cambia el resultado, ¿no? Es un problema mayor para una condena por homicidio consumado, pero no es un problema para una condena por tentativa de homicidio, cuya pena puede ser menor. Si la forma y el peso no coinciden, o la bala ha sido cambiada o hay algo ahí que investigar, porque puede ser que el disparo haya provenido de otra persona”.
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El informe no es solo técnico, es decisivo. La ley exige que la cadena de custodia —el registro detallado y firmado de cada persona que maneja una evidencia desde su recolección hasta su análisis final— sea intachable para evitar cualquier sospecha de manipulación, extravío o intercambio de pruebas. En el caso Calderón Díaz, el Ministerio Público ahora intenta reconstruir paso a paso qué ocurrió con la bala, qué manos la tocaron y si hay rastro de un “cambiazo” con motivaciones internas o externas.
La gravedad de lo ocurrido adquiere mayor dimensión considerando antecedentes similares en investigaciones policiales recientes, donde errores, omisiones o alteraciones en pruebas materiales han entorpecido o desvirtuado el curso de la justicia, especialmente en delitos con implicancia institucional.
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Mientras tanto, tras el crimen, la familia de Calderón Díaz exige justicia plena.
Por ahora, el caso queda abierto: la fiscalía sigue indagando si la bala fue manipulada, cambiada —o no—, y si el crimen de un policía en funciones podría quedar impune por irregularidades en el manejo de la evidencia. Una pregunta gravita en el aire: ¿quién y por qué habría querido sembrar más dudas sobre la muerte de un efectivo policial caído en cumplimiento del deber?
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