PJ inicia nuevo control de acusación contra Keiko Fujimori y traslada pedido de 35 años de prisión por caso Cócteles

El Poder Judicial dio inicio al nuevo control de acusación del caso Cócteles y dispuso notificar el requerimiento fiscal a Keiko Fujimori, contra quien el fiscal José Domingo Pérez pide 35 años de prisión, y los otros acusados.

Así lo dispuso el juez de investigación preparatoria nacional Wilson Verástegui, quien otorgó un plazo de 30 días para que Fujimori y los demás acusados presenten sus descargos a la acusación fiscal.

"Una vez culminado el plazo otorgado, con o sin absolución de los sujetos procesales, prográmese audiencia de requerimiento mixto formulado por el Ministerio Público, contra Keiko Sofia Fujimori Higuchi y otros por la presunta comisión del delito de lavados de activos y otros, en agravio del estado", se lee en la resolución.

De acuerdo con la resolución, la defensa de la lideresa de Fuerza Popular, José Chlimper y Adriana Tarazona solicitaron al juez que devuelva la acusación al Ministerio Público. No obstante, el magistrado decidió que se sustente oralmente dicho pedido cuando se convoque la audiencia. Luego se tomará una decisión al respecto.

Se debe precisar que se realiza un nuevo control de acusación debido a que el juicio oral fue anulado a raíz de sentencias del Tribunal Constitucional que favorecieron a otros acusados del caso Cócteles. El Poder Judicial extendió los efectos de dichos fallos a todos los procesados y dispuso que el caso regrese hasta la etapa intermedia. Es por eso que el fiscal José Domingo Pérez presentó una nueva acusación.

El Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional podría volver a intervenir en el caso Cócteles. Y es que está pendiente de que se emita la sentencia que resuelva el habeas corpus presentado por Keiko Fujimori para que se archive el proceso penal.

Justamente, el TC ha decidido incluir al Ministerio Público en el proceso de habeas corpus. La resolución establece que el Ministerio Público puede ser representado por el procurador público o los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, del Equipo Especial Lava Jato.

Tras la notificación de la resolución, la Fiscalía tendrá 10 días hábiles para responder a la demanda. Una vez recibida la respuesta o vencido el plazo otorgado, los magistrados emitirán su sentencia.

El Tribunal Constitucional justificó la inclusión del Ministerio Público porque la demanda de Keiko Fujimori solicita anular todas las actuaciones desde el inicio de las diligencias preliminares, lo que implica directamente a la Fiscalía. La demanda se dirige contra el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y el procurador del Poder Judicial, pero el TC considera que excluir al Ministerio Público podría vulnerar su derecho a la defensa, ya que no habría podido argumentar en favor de las actuaciones realizadas durante la investigación.

Además, los magistrados destacaron la importancia de conocer la postura de la Fiscalía, especialmente tras la anulación del juicio oral del caso Cócteles, derivada de fallos previos del Tribunal Constitucional a favor de otros coacusados de Fujimori. La participación del Ministerio Público se considera esencial para evaluar las investigaciones preliminares realizadas y si estas deben ser dejadas sin efecto.