El Tribunal Constitucional (TC) incorporó al Ministerio Público en el proceso de habeas corpus presentado por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con el que busca que se archive el caso Cócteles.
En la resolución que los incorpora se precisa que el Ministerio Público podrá ser representado por el procurador público o por los fiscales a cargo del caso Cócteles, es decir, el fiscal provincial José Domingo Pérez y el fiscal superior Rafael Vela, del Equipo Especial Lava Jato.
A partir de la notificación oficial de la resolución, la Fiscalía tendrá un plazo de 10 días hábiles para que responda la demanda. Luego, cuando se cuente con los argumentos del Ministerio Público o se haya vencido el plazo otorgado, el TC procederá a dar la sentencia.
La incorporación
El TC acordó la incorporación del Ministerio Público en el proceso de habeas corpus de Keiko Fujimori debido a que en la demanda se solicita que se declaren nulos todas las acciones desde el inicio de las diligencias preliminares.
“Ello haría necesaria la participación o intervención del Ministerio Público en el presente proceso. Sin embargo, la demanda ha sido dirigida contra el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y el procurador público del Poder Judicial“, se lee en la resolución.
Ante ello, los magistrados advierten que, en el caso de que se tome una decisión sobre el pedido de anular acciones de la Fiscalía, se estaría vulnerando su derecho a la defensa.
“(El Ministerio Público) no habría podido esgrimir argumento alguno en defensa de las actuaciones realizadas durante la investigación preparatoria. Por tanto, resulta relevante la participación del Ministerio Público en este proceso, a fin de conocer su posición respecto de las investigaciones preliminares efectuadas”, sostienen los tribunos.
Sumado a ello, los magistrados consideran indispensable conocer la posición de la Fiscalía luego de que se anulara el juicio oral del caso Cócteles a raíz de sentencias del TC a favor de otros coacusados de Keiko Fujimori.
Nuevo pedido de prisión
Tras la anulación del juicio, el fiscal provincial José Domingo Pérez reformuló la acusación del caso Cócteles y presentó una nueva en la que requiere 35 años de prisión contra Keiko Fujimori por lavado de activos, organización criminal y otros delitos. Esto por los aportes presuntamente ilícitos a las campañas presidenciales de 2011 y 2016.
Las críticas desde la defensa de Fujimori no se hicieron esperar tras conocerse el nuevo pedido de prisión contra la lideresa de Fuerza Popular. Giuliana Loza calificó la acción como irregular y sin sustento legal, argumentando que no han recibido notificación formal de la acusación, enterándose únicamente por medios de comunicación, lo que les impide conocer los fundamentos del fiscal.
La abogada expresó su preocupación por lo que considera una violación al procedimiento legal, afectando los derechos fundamentales de su clienta. Además, señaló que el Ministerio Público habría presentado el requerimiento sin contar con el expediente judicial completo, lo que representa, según ella, una irregularidad grave en el proceso.
Loza también acusó al fiscal Pérez de supuestamente buscar notoriedad en contextos electorales, destacando que no es la primera vez que la Fiscalía presenta acusaciones contra Fujimori en momentos políticamente sensibles. Recordó un caso similar en marzo de 2021, durante la campaña presidencial, y afirmó que ahora, a un año de las elecciones, la Fiscalía muestra una rapidez inusual en este caso en comparación con otros, sugiriendo una intencionalidad política detrás de las acciones del Ministerio Público.
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