Ministerio Público investiga a ministro de Cultura y funcionarios por reducir protección en Líneas de Nasca

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra tres funcionarios por su presunta responsabilidad en la drástica reducción del área protegida que abarca las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en 1993. Entre los investigados figura el actual ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja.

El Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca abrió diligencias por los presuntos delitos de atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes de funcionario público y abuso de autoridad en agravio del Estado. La pesquisa se centra en la Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC, emitida el pasado 28 de mayo, que redujo el área protegida de 5,633.47 km² a 3,235.94 km².

Entre los investigados figuran Jeanette Gutiérrez Achulla, directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica; Johny Isla Cuadrado, responsable del Sistema de Gestión Nasca–Palpa de la misma DDC; y William Bravo Quispe, alcalde provincial de Nasca. Además, la Fiscalía Superior Penal Coordinadora de Santiago de Surco – Barranco también investiga al ministro de Cultura, Fabricio Valencia, como parte de una indagación complementaria a cargo del coordinador nacional en delitos contra el patrimonio cultural.

La investigación, a cargo del fiscal José Meléndez Curasi, señala que la reducción de más de 2 mil km² dejó desprotegidos más de 100 sitios arqueológicos, sin cumplir los requisitos técnicos ni arqueológicos establecidos, y con posibles intereses de actividades mineras informales en las zonas excluidas.

Reversión de la medida

Ante el escándalo generado, el Ministerio de Cultura publicó el domingo 8 de junio la Resolución Viceministerial N° 000134-2025-VMPCIC/MC, que revierte la disposición anterior y restablece el polígono de protección aprobado en 2004, devolviendo al área protegida su extensión original de 5,633.47 km².

La reversión ocurre tras la presión de la comunidad arqueológica, la ciudadanía, medios internacionales como El País y Deutsche Welle, y el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú, que denunciaron la falta de sustento técnico en la decisión inicial y el riesgo que implicaba para zonas patrimoniales aún no estudiadas.

Posibles vínculos con actividades mineras

Diversos especialistas y gremios profesionales señalaron que la medida anulada pudo haber favorecido intereses de formalización minera en zonas del noreste del área protegida. La DDC de Ica había impulsado la reducción del polígono, supuestamente para “ajustarlo a la realidad del terreno”, según el ministro Fabricio Valencia. Sin embargo, en una entrevista con RPP, el titular del Mincul reconoció que “la minería informal es una actividad que está presente en esta zona” y que hay “algunos yacimientos mineros”, aunque dijo no tener datos sobre su composición.

Un informe enviado en 2024 por el Ministerio de Cultura al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ya advertía que la zona de Nasca era “la más afectada por la minería ilegal” en el país, y que las actividades informales no respetaban la fragilidad del patrimonio arqueológico.

Riesgos y antecedentes

La comunidad científica alertó que los geoglifos aún no delimitados ni estudiados podrían quedar expuestos a saqueos y destrucción si se les deja sin protección legal ni presencia estatal. En zonas como la quebrada de Taruga, dentro del entorno de Nasca, ya se han realizado operativos contra minería ilegal. En 2016, la Fiscalía Ambiental encontró allí dinamita, detonadores, anfo, maquinaria y campamentos clandestinos.

“El combate contra los invasores y mineros ilegales no solo corresponde al Ministerio de Cultura, sino también a la Policía Nacional, Ministerio Público y gobiernos locales”, remarcó el Mincul en un comunicado reciente.

Por la complejidad del caso, la investigación también fue derivada a la Fiscalía Corporativa de Corrupción de Funcionarios de Ica, donde se indaga si hubo delitos como cohecho activo propio, ante la posibilidad de que decisiones administrativas hayan respondido a intereses económicos externos.

El plazo inicial de la investigación preliminar es de 60 días, aunque este podrá ampliarse conforme avancen las diligencias.