La reciente detención de Juan Ramón Morillas en Perú puso en el centro del debate la problemática del tráfico ilegal de fauna silvestre y la exportación ilícita de animales a escala global. Juan Ramón Morillas, conocido como el ‘Frank de la Jungla jiennense’ —en alusión a un conocido personaje que registra su acercamiento a animales exóticos y el ser originario de Mancha Real, Jaén—, fue arrestado por la Policía Nacional de Perú (PNP)como presunto cabecilla de “Los depredadores del oriente”, una banda señalada por dedicarse al comercio ilegal de animales exóticos.
Las investigaciones apuntan a que el español de 60 años habría obtenido hasta 1,5 millones de dólares por estas actividades desde 2019 y podría enfrentarse a penas de hasta cinco años de prisión. Aunque el operativo sorprendió a la población, Morillas no es desconocido en su municipio natal ni en España.
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El portal Jaén hoy reveló que en agosto de 2011 saltó a la primera plana tras un incidente protagonizado por dos chimpancés que se escaparon de las instalaciones del Zoo World Center, un centro de cría y cuidado de animales exóticos regentado por él mismo en Mancha Real. En esa ocasión, uno de los animales regresó rápidamente, pero el otro, de nombre Bongo, permaneció varias horas vagando por las calles del pueblo y las inmediaciones de los olivos, provocando alarma entre vecinos y autoridades. La situación se resolvió sin daños personales tras la intervención de agentes de la Guardia Civil, policía local, guardas forestales y cuidadores del zoológico, que finalmente lograron anestesiar y devolver al primate a las instalaciones.

Ese episodio quedó como una anécdota local, pero las controversias ligadas a Morillas y su zoo ya habían sido señaladas por organizaciones animalistas. Un año anterior, la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (Faada) denunció ante la Guardia Civil supuestas irregularidades en el Zoo World Center.
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Según esa ONG, durante una inspección llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) acompañados por un primatólogo de Faada, se detectaron deficiencias en la seguridad, ausencia de personal cualificado para el cuidado de primates y falta de autorizaciones indispensables para la tenencia de animales exóticos. La denuncia también recogía la constatación de la muerte de ejemplares, como un chimpancé hallado en un congelador sin que se hubiera notificado a las autoridades sanitarias.
Su captura reflejó el alcance internacional de las redes de tráfico de fauna. La operación llevada a cabo por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Perú incluyó el allanamiento de 15 propiedades en Loreto y Lima. En los registros, la policía localizó más de 5 mil animales, de los cuales sólo el 20% seguían vivos. El resto, disecados, era destinado a mercados de Tailandia, Rusia, China, Hong Kong, España y Estados Unidos.
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Los detenidos en la operación, que suman 12 personas —incluidos dos españoles y diez peruanos—, están siendo investigados por pertenencia a organización criminal, tráfico ilícito de especies, depredación de fauna silvestre y numerosos delitos conexos como cohecho y obstrucción de la acción de la justicia. Entre los arrestados peruanos figuran un regente y ex funcionarios públicos del Gobierno Regional de Loreto. Según las pesquisas policiales difundidas por medios locales como el informativo 24 Horas Edición Central, estos individuos habrían facilitado licencias dudosas a supuestos criaderos, encubriendo la captura ilegal de animales en plena naturaleza para su posterior exportación.
Mientras avanzan las investigaciones, Morillas ha declarado su inocencia y sostiene que el origen de los animales gestionados siempre ha sido legítimo. Sin embargo, la PNP lo considera el mayor traficante de animales en Sudamérica. Su historial evidencia una reiterada relación con prácticas controvertidas en el manejo de fauna y la gestión de zoológicos. El modelo denunciado en Loreto repite esquemas ya conocidos: capturan animales salvajes, simulan su crianza en cautiverio y los comercializan con documentos fraudulentos.
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