La batalla legal entre la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la actual titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, ha sido calificada este martes por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, como un “espectáculo” que el país no merece.
La confrontación ocurre en medio de la incertidumbre ciudadana y mientras el Poder Judicial revisa un pedido para suspender a Benavides por 36 meses, en el marco de una investigación por presunta obstrucción a la Justicia.
“Es una situación bochornosa, una situación patética que el Perú no merece. Yo espero que tomen conciencia y actúen con racionalidad, y que este problema se resuelva lo más pronto posible. El Ministerio Público es clave en el sistema de justicia y no podemos estar siendo testigos de un espectáculo”, declaró Salhuana ante los medios.
La tensión se intensificó luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ordenara el cumplimiento inmediato de su resolución que dispone la reincorporación de Benavides como fiscal de la Nación, bajo apercibimiento de recurrir a la fuerza pública en caso de incumplimiento.
Ante esta orden, Espinoza respondió mediante un oficio que cualquier intervención de la Policía Nacional en el Ministerio Público sería “ilegal, ilegítima y quebrantaría el orden constitucional e institucional”.
Cuestionó además la competencia de la Dirección de Procesos Disciplinarios de la JNJ para emitir apercibimientos de ese tipo, y recordó que la Junta de Fiscales Supremos no ha dispuesto el retorno de Benavides, por lo que, según argumentó, no existe sustento legal para ejecutar la reincorporación.
De igual modo, invocó el artículo 169 de la Constitución, el cual establece que la Policía Nacional no es deliberante y debe actuar bajo subordinación al poder constitucional. Según sostuvo, una acción policial sin orden judicial constituiría un abuso de poder.
Benavides fue destituida en diciembre de 2024 por presuntamente liderar una red de tráfico de influencias. La semana pasada intentó retomar el cargo tras la resolución de la JNJ, pero no consiguió ejercer funciones. Actualmente, enfrenta una denuncia de Espinoza por supuesta usurpación de función pública y un señalamiento por intento de golpe institucional dentro del Ministerio Público.
En paralelo, el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria evaluó en esta jornada el pedido de suspensión de Benavides por un periodo de 36 meses, debido a la investigación que se le sigue por presunta obstrucción a la Justicia durante su gestión como fiscal general.
Fuera del ámbito institucional, la controversia ha generado movilización ciudadana. En los alrededores de la sede principal del Ministerio Público, en el centro de Lima, se han reunido grupos que respaldan a ambas magistradas. La Policía estableció un cordón de seguridad para prevenir enfrentamientos entre ambos sectores.
Denuncia desde el Congreso
La semana pasada, desde el Parlamento, la bancada de Renovación Popular presentó denuncia constitucional contra Espinoza por la presunta comisión de los delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y usurpación de funciones.
El documento, dirigido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, solicita su inhabilitación por un periodo de diez años para ejercer cargos públicos. La acusación también incluye a otros tres miembros de la Junta de Fiscales Supremos, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Jorge Villena, para quienes el grupo parlamentario requiere la misma sanción.
El texto señala que la titular del Ministerio Público desobedeció una resolución de la JNJ. “Habiendo sido subrogada o cesada en el ejercicio del cargo, pretende continuar ejerciéndolo indebidamente, sin tener la autorización legal para hacerlo”, indica la acusación.
La bancada sostiene que la conducta de Espinoza y de los demás fiscales denunciados constituye una “flagrante desobediencia” a lo dispuesto por la JNJ, lo cual configuraría el delito de resistencia a la autoridad.
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