
La Policía Nacional del Perú (PNP) reconoce a Patricia Benavides como fiscal de la Nación pese a que el mandato de Delia Espinoza sigue vigente y que la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene serias irregularidades.
De acuerdo con una circular de la Policía, fue Patricia Benavides quien informó al comandante general de la Policía, teniente general PNP Víctor Zanabria, que la JNJ pretende reponerla como fiscal de la Nación. Ante ello, derivó a la Comando de Operaciones Policiales PNP, que dispuso que se otorgue resguardo policial.
“(El Comando) dispuso que se le brinde el servicio de seguridad y resguardo policial con el carácter de muy urgente a la doctora Liz Patricia Benavides Vargas, fiscal de la Nación, en atención a la normatividad legal vigente y ante los riesgos a que se enfrenta, como consecuencia de las denuncias y otras actuaciones propias de su cargo como fiscal de la Nación”, se lee en la circular.

De acuerdo con el documento, Patricia Benavides presentó el documento de la JNJ inmediatamente después de que se le notificó, el 13 de junio.
Se desconoce si el general PNP Víctor Zanabria consultó con la JNJ o con el Ministerio Público sobre la autenticidad o legalidad de la resolución que anula la destitución de Benavides.
Demanda de Delia Espinoza
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha interpuesto una demanda de amparo contra la JNJ en respuesta al intento de reponer a Patricia Benavides como cabeza del Ministerio Público. La acción busca proteger los derechos de Espinoza como titular legítima del cargo, luego de que Benavides intentara asumir el puesto de manera forzada el 16 de junio.

La demanda, presentada el 18 de junio ante el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, aún espera ser admitida. Espinoza ha alertado sobre una “vulneración grave” de sus derechos fundamentales, señalando la urgencia del caso. Una vez admitida, la JNJ deberá responder y se programará una audiencia.
El presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, reconoció la existencia de la demanda, pero afirmó que la resolución que restituye a Benavides sigue vigente hasta que un juez la suspenda. Además, cuestionó la autoridad de Espinoza para investigar a miembros de la JNJ, según un comunicado emitido el viernes pasado.
Espinoza, en una entrevista con RPP, rechazó la legitimidad del retorno de Benavides, a quien calificó como “una ciudadana respetable” pero no como colega. Criticó la opacidad de la JNJ, exigiendo pruebas públicas, como actas o grabaciones, que demuestren una decisión unánime para reinstaurar a Benavides. Acusó a sectores políticos, abogados y congresistas investigados de orquestar una campaña para socavar la autonomía del Ministerio Público.
Entre sus señalamientos, Delia Espinoza apuntó al congresista Américo Gonza, cuya propuesta para intervenir el Ministerio Público tildó de “inconstitucional”. Reveló que Gonza, investigado en el caso “Los Niños”, se benefició del archivo de dos casos bajo la gestión de Benavides. También sugirió que las maniobras contra su cargo podrían estar vinculadas a intentos de obstruir investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte.
Piden suspensión de Patricia Benavides
Respecto a la audiencia del 24 de junio, donde se evaluará una posible suspensión de Patricia Benavides por 36 meses por presunto cohecho, Delia Espinoza aclaró que la solicitud es previa a la decisión de la JNJ y se basa en hechos de la gestión de Benavides. Negó motivaciones personales, defendiendo la legalidad del proceso.
Espinoza reafirmó su compromiso con el cargo, subrayando que su mandato de tres años está respaldado por la Constitución y que no renunciará. Insistió en que ella es la única fiscal de la Nación y llamó a la ciudadanía a no caer en narrativas de crisis. Sin embargo, enfrenta críticas de los defensores de Benavides y un sector del Congreso, que la acusan de usurpar funciones y amenazan con una denuncia constitucional.
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