
Perú se pronuncio contra los actos de violencia ocurridos en Bolivia durante las recientes protestas a favor del expresidente Evo Morales, que dejaron cinco personas muertas. A través de un pronunciamiento oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó los hechos como un atentado contra la gobernabilidad y la democracia en el país vecino.
La escalada de tensión se desató en la ciudad de Llallagua, en el norte del departamento de Potosí, donde manifestantes que apoyan al líder del “evismo” protagonizaron enfrentamientos con pobladores locales. Los choques, enmarcados en la protesta contra la inhabilitación de Morales como candidato en las elecciones de 2025, provocaron la muerte de cuatro policías y un civil.
Este episodio elevó el nivel de alerta en la región andina. La violencia registrada generó preocupación en varios países, que siguen de cerca la situación política y social en Bolivia ante el riesgo de una mayor desestabilización.
Perú pide preservar la democracia en Bolivia
El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su preocupación por la reciente violencia registrada en Bolivia, calificando estos hechos como orientados a desafiar la gobernabilidad y la institucionalidad democrática del país vecino.
“El Gobierno del Perú expresa su firme rechazo a todo acto que atente contra el bienestar y la integridad física de la población y sus autoridades, el orden democrático, la institucionalidad electoral, la paz social y el estado de derecho de ese hermano país”, se lee.

El comunicado oficial lamentó las muertes ocasionadas durante los disturbios y reafirmó el compromiso peruano con la paz y la estabilidad regional. Asimismo, destacó que la defensa de los derechos humanos debe prevalecer en cualquier contexto de conflicto.
El Perú también hizo énfasis en la importancia de preservar la democracia, la paz social y la estabilidad institucional como pilares esenciales para el bienestar del pueblo boliviano. El pronunciamiento reafirmó la necesidad de evitar acciones que incrementen la polarización política.
“Perú exhorta a los actores políticos y al pueblo boliviano a promover soluciones a través del diálogo y vías pacíficas y de los mecanismos institucionales vigentes en Bolivia”, precisa el pronunciamiento.
Finalmente, el Gobierno peruano exhortó a las autoridades bolivianas y a toda la sociedad a encontrar salidas pacíficas a través del diálogo y del respeto al orden constitucional. El comunicado concluyó con un llamado a mantener la convivencia democrática, evitando nuevas situaciones de violencia.
Bolivia enfrenta 12 días consecutivos de bloqueos y enfrentamientos
Este viernes marca el duodécimo día de una crisis creciente en Bolivia, donde bloqueos en carreteras y enfrentamientos con las fuerzas del orden dejaron un saldo fatal de cinco personas: cuatro policías y un civil.
Aunque la cantidad de puntos de protesta disminuyó respecto a días anteriores, al menos 14 bloqueos seguían activos durante la mañana, manteniendo la tensión en varias regiones del país.

El Gobierno boliviano desplegó a la Policía y a las Fuerzas Armadas para despejar las vías bloqueadas, en un intento por restaurar el orden. Sin embargo, los seguidores de Evo Morales, que lideran estas manifestaciones en defensa de su líder político, prometieron mantener la resistencia y anunciaron que continuarán con los bloqueos.
Dieter Mendoza, dirigente de una federación cocalera, advirtió que la protesta no cesará pese a la represión estatal.
Ante la escalada de violencia, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, convocó a una mesa de diálogo para frenar los conflictos.
Desde Llallagua, una población minera en Potosí donde los enfrentamientos causaron la muerte de cuatro policías, hizo un llamado a establecer una tregua humanitaria que garantice el acceso a la alimentación y la salud, especialmente en las zonas afectadas por los bloqueos.
<b>Ordenan acción policial para detener a Evo Morales</b>
El ministro de Justicia de Bolivia, Eduardo del Castillo, exigió a la Policía ejecutar las órdenes de detención emitidas contra Morales, quien enfrenta una denuncia por terrorismo vinculada a las protestas.

Del Castillo calificó los hechos recientes como un “Estado de no derecho” y acusó a grupos con intereses personales de intentar impedir la realización de las elecciones presidenciales previstas para el 17 de agosto.
Pese a la tensión, el ministro resaltó el compromiso reciente entre el Gobierno, la oposición y los organismos del Estado para asegurar la integridad institucional y el buen desarrollo de los comicios, en un esfuerzo por superar la crisis.
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