Este viernes se cumplen 12 días del recrudecimiento de las protestas en Bolivia, con bloqueos de carreteras y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden que han causado la muerte de cinco personas, cuatro policías y un civil. Si bien los piquetes son menos en cantidad en relación a la semana pasada, la tensión se mantiene y quedan el viernes en la mañana quedaban al menos 14 puntos de protesta.
El Gobierno ha anunciado que desplegará a la Policía y a las Fuerzas Armadas hasta lograr despejar todas las rutas y los seguidores de Evo Morales, que ejecutan los bloqueos en defensa de su líder político, han anunciado que seguirán en pie de lucha. “Esto no va parar, si ustedes creen que con una represión o intervención de la Policía o Fuerzas Armadas va a calmar esto, están equivocados”, indicó Dieter Mendoza, dirigente de una federación cocalera.
Ante la escalada de violencia y los cruces entre el Gobierno y los manifestantes, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, convocó a una mesa de concertación para frenar los conflictos. En un video grabado en Llallagua, una población minera en el norte de Potosí donde el miércoles se produjeron choques causaron la muerte de cuatro policías por impacto de bala, Callisaya manifestó que es necesario “generar una tregua que nos permita asegura el derecho a la alimentación y la salud, una tregua humanitaria”.
El defensor indicó que la mesa de diálogo se podría instalar en Huanuni, un municipio distante a una hora y media del epicentro del conflicto.
Hasta esa localidad también llegó el ministro de Gobierno (Seguridad), Roberto Ríos junto al Comandante General de la Policía Boliviana, Augusto Russo, para coordinar las acciones del contingente policial que se quedará en el lugar para evitar conflictos e investigar si hay financiamiento del crimen organizado en las protestas. Según la prensa local, uno de los puntos de mayor convulsión ocurrió en un sector denominado “México Chico”, un lugar donde según las autoridades hay penetración del narcotráfico.
El origen del conflicto tiene que ver con la inhabilitación de Morales para disputar las elecciones presidenciales de agosto. Una sentencia constitucional limitó el ejercicio de la Presidencia a dos mandatos y el líder cocalero ocupó el cargo en tres periodos, entre 2006 y 2019.
Si bien está impedido legalmente de postular, no tiene partido político y el plazo para el registro de candidaturas ya venció, sus partidarios advirtieron que “sin Evo no hay elecciones” y exigen la renuncia del presidente Luis Arce, a quien responsabilizan por la crisis económica.
En paralelo, varios sectores han protagonizado marchas y plantones en reclamo por la falta de dólares, el aumento de los precios de la canasta familiar y la falta de combustible, en medio de un periodo prolongado de escasez que ha provocado filas interminables de vehículos en las estaciones de servicio.
Ante la confluencia de ambas protestas y los crecientes pedidos de renuncia, el presidente Arce ha descartado presentar su dimisión y acusa a Morales de gestar un “boicot” contra su gestión. En medio de los conflictos y a solo dos meses de las elecciones generales, las cabezas de los poderes públicos y los diez binomios inscritos para la votación cerraron filas para garantizar la continuidad del proceso electoral y “pacificar” el país.
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