
La Comisión de Fiscalización del Congreso, grupo presidido por Juan Burgos (Podemos Perú), aprobó el informe final sobre el caso ‘Cofre’ que recomienda la vacancia por incapacidad moral contra la presidenta Dina Boluarte.
El abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, calificó la decisión del grupo de trabajo como “ridícula”, pues a su juicio no se siguió el debido proceso.
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“Esta no es la posición del Legislativo, sino de Burgos y de nueve personas que han votado a favor de este informe. Informe que no conocemos, informe que claramente tiene un vicio patológico del debido proceso”, declaró en entrevista con RPP noticias.
Portugal considera que la Comisión de Fiscalización aprobó un informe y una posterior recomendación de vacancia de forma irresponsable, pues no recogió el testimonio de personajes clave, como Dina Boluarte y su escolta de seguridad.
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“El presidente de la Comisión de Fiscalización no ha citado nunca la presidenta en condición de indagada. No ha citado a las personas que habría acompañado a la presidenta de la República. (...) No ha llamado absolutamente a ningún testigo, como si lo ha hecho el Ministerio Público. Por eso, consideramos que es una decisión ridícula, contraria a las mínimas garantías del debido proceso en sede parlamentaria”, agregó.
Sin embargo, estas afirmaciones se contradicen con lo que consigna el informe de la Comisión de Fiscalización y las sesiones grabadas.

Fiscalización sí citó a Boluarte y miembros de su escolta
El 22 de octubre de 2024, el congresista Juan Burgos oficializó la citación a la presidenta Dina Boluarte para que se presentara ante la Comisión de Fiscalización en la sesión programada para el 29 de ese mes. Sin embargo, la mandataria envió un oficio en el que indicaba que no asistiría y solicitaba recibir el cuestionario por escrito.
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Por su parte, Félix Montalvo Guevara, chofer del vehículo presidencial conocido como el ‘Cofre’, sí acudió a la citación de la comisión. No obstante, no pudo brindar su testimonio debido a que, como oficial de la Policía Nacional del Perú, requería autorización institucional para declarar, la cual no fue tramitada.
A pesar de ello, Montalvo sí participó en la diligencia de reconstrucción del recorrido del vehículo realizada por el Ministerio Público. En esa ocasión, cambió su versión sobre el destino final del ‘Cofre’ presidencial: ya no mencionó el condominio Mikonos, sino uno distinto, denominado Asia del Sur.
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Además del chofer del ‘Cofre’, la Comisión de Fiscalización solicitó a Palacio de Gobierno los nombres de los oficiales que integran la escolta presidencial. Sin embargo, la Casa Militar se negó a proporcionar esta información, alegando que era de “carácter reservado”.
En noviembre, el dominical Cuarto Poder accedió a esa lista. Se trata de casi 20 agentes policiales plenamente identificados, encargados de custodiar el cofre presidencial y con conocimiento detallado del trayecto, horarios, movimientos y ocupantes del vehículo.
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Hasta esa fecha, el grupo de trabajo parlamentario había invitado formalmente a declarar al exchofer Félix Montalvo, así como a los agentes de seguimiento Milagros Vargas y Jonathan Janampa. No obstante, ninguno de ellos ha recibido autorización para brindar su testimonio ante el Congreso.
Tal como señala el informe: “Esta comisión procedió a convocar a los efectivos policiales Félix Montalvo Guevara, Jhon Janampa Ruiz y Milagros Kelly Vargas Castro a efectos que expongan sobre las actividades desarrolladas en las fechas del 24 y 25 de febrero del 2024, respecto de los cuales se han obtenido respuestas mediante diversos oficios en los que indican que dicha autorización debe ser centralizada por medio del Ministro del Interior”.
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Precisamente, la falta de transparencia por parte de Palacio de Gobierno y la negativa de la Policía Nacional para permitir que sus oficiales declaren ante el Congreso son, según el informe final, los elementos que sustentan la acusación por presunta obstrucción y encubrimiento contra la presidenta Dina Boluarte, su exministro del Interior, Juan José Santiváñez, y los altos mandos policiales, los generales Víctor Zanabria y Óscar Arriola.
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