La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó el informe final que recomienda declarar la vacancia por incapacidad moral de la presidenta Dina Boluarte, en el marco del denominado Caso Cofre. La votación culminó con 9 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.
Si bien la investigación se inició por el presunto uso de un vehículo del Despacho Presidencial en la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, las diligencias realizadas por el grupo parlamentario determinaron que existirían otras responsabilidades, tanto administrativas como penales, que comprometerían a la mandataria.
Durante la sesión, solo tres congresistas asistieron de forma presencial: el presidente de la comisión, Juan Burgos (Podemos Perú); Isaac Mita (Perú Libre); y Carlos Zeballos (Bloque Democrático Popular).
Tras la lectura de las conclusiones y recomendaciones del informe —que señala un posible encubrimiento a Cerrón desde el Ejecutivo y presuntas negociaciones irregulares en una vivienda del condominio Asia del Sur, equiparada por algunos con la casa de Sarratea—, los congresistas de Perú Libre Isaac Mita y Segundo Montalvo expresaron su rechazo al contenido del documento.
El legislador Mita cuestionó que se mencionara a Vladimir Cerrón en el informe y sugirió que la comisión debería enfocarse en temas “más importantes para el país”. Por su parte, Montalvo recordó que varias sentencias contra el líder prófugo de Perú Libre habían sido archivadas.
Ante estos cuestionamientos, el presidente de la comisión, Juan Burgos, defendió la validez del informe y aclaró que no se trataba de un juicio contra Cerrón, sino de un caso vinculado al uso indebido de recursos estatales.
“Quiero que entiendan, hay que ser objetivos, no pasionales. Nosotros no estamos tocando al señor Vladimir Cerrón. Entiendan los señores de Perú Libre. No estamos tocándolo (...) Acá no estamos hablando si el señor Cerrón es culpable o es inocente, o tiene la posibilidad de ejercer su defensa en el exilio”, declaró.
Burgos también enumeró las acusaciones dirigidas contra Boluarte, como abuso de autoridad y omisión de actos funcionales. Finalmente, subrayó: “No tengo interés en Vladimir Cerrón, por más que esté 581 días inubicable”.
Además de los representantes de Perú Libre, el vocero de Alianza Para el Progreso, Jorge Marticorena, también expresó sus reparos. A su juicio, en varias oportunidades el presidente de la comisión “se excedió con sus comentarios” contra los investigados, lo que —según dijo— evidencia un sesgo político más que un verdadero interés por conocer la verdad.
Conclusiones del informe sobre el Caso Cofre
El informe también acusa a Dina Boluarte de la presunta comisión de delitos como peculado de uso, abuso de autoridad, omisión de deberes funcionales y encubrimiento personal.
El caso se originó tras la difusión de un audio en el que se escucha al oficial PNP Junio Izquierdo Yarlaqué, alias Culebra, y al exministro del Interior Juan José Santiváñez, hablar sobre una supuesta maniobra de Cerrón para evadir un operativo policial utilizando un vehículo presidencial.
Si bien la comisión no pudo confirmar que esa fuga se concretó, considera que existen indicios que “permiten abrir la posibilidad que esta se produjo”, dado que los autos oficiales no pueden ser intervenidos por la Policía y existen rutas alternas disponibles.
El informe también denuncia la negativa del Ejecutivo a entregar información clave sobre los desplazamientos y bitácoras del vehículo en cuestión, bajo el argumento de que se trataba de documentación de carácter reservado.
Otro punto sensible abordado en el documento es la reunión que Boluarte sostuvo en el condominio Asia del Sur, en Sarapampa. La presidenta alegó que fue una cita de índole familiar, pero la comisión sostiene que hubo uso indebido de recursos públicos, al trasladarse en vehículos oficiales. El informe equipara esta residencia con la polémica casa de Sarratea, donde el expresidente Pedro Castillo coordinaba favores con su entorno más cercano.
Entre los asistentes a dicha reunión figuran Ena Karina Ocaña Araníbar, regidora de Magdalena, y su pareja Sadji Olazábal Amao, hijo del ex presidente del Club Departamental Apurímac, Juan Gualberto Olazábal, con quien la presidenta tendría una presunta relación sentimental.
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