El Poder Judicial del Perú ha admitido a trámite una demanda presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) contra la controvertida ley aprobada por el Congreso que otorga nuevas facultades a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para supervisar a los organismos no gubernamentales (ONG) que reciben fondos de cooperación internacional.
La jueza Ana Osorio Sosa, titular del 6º Juzgado Constitucional de la Corte de Lima, ha programado para el 29 de septiembre a las 10:00 a. m. la audiencia virtual del proceso, que se desarrollará mediante la plataforma Google Meet. El caso ha sido denominado informalmente como la ‘Ley anti ONG’, dada la polémica que ha generado en diversos sectores sociales y políticos.
Justificación del Congreso: transparencia y soberanía nacional
Desde el Parlamento, sus impulsores defienden la norma como una herramienta para fortalecer los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas sobre los recursos que las ONG gestionan en nombre de la cooperación técnica internacional no reembolsable. En especial, destacan el rol de la APCI como entidad rectora de dicho proceso.
La congresista Auristela Obando, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, argumentó que si bien la cooperación internacional es clave para el desarrollo del país, los vacíos legales que existen en la legislación actual han permitido una falta de control sobre las organizaciones que la gestionan. Según sus palabras, esta situación ha impedido una supervisión adecuada y ha afectado los principios de transparencia.
“Por lo que resulta necesario modificar la legislación vigente, a fin de fortalecer los intereses del Estado vinculados con la transparencia y la fiscalización en el marco del principio de soberanía nacional”, declaró. Obando añadió que la modificación de diversos artículos de la Ley 27692 y normas conexas busca alinear el marco legal peruano con los estándares de los países de la OCDE.
Durante el debate parlamentario realizado en marzo, la legisladora reveló que más del 85% de las ONG que operan con fondos de cooperación internacional no registran sus programas, proyectos ni actividades ante la APCI. Bajo el nuevo marco legal, su inscripción se vuelve obligatoria.
Rechazo desde la sociedad civil: “Una ley para silenciar”
Sin embargo, la aprobación de la ley ha encendido las alarmas entre diversas organizaciones de la sociedad civil. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), a través de un comunicado público, expresó su absoluto rechazo a la norma, al considerarla un intento de control indebido sobre la sociedad civil.
Según el pronunciamiento, esta modificación legislativa impone restricciones injustificadas que limitan el trabajo de las ONG, especialmente aquellas que defienden derechos humanos, promueven la equidad de género, el acceso a la educación, la salud, la preservación de la Amazonía y el combate contra la corrupción.
“Esta reforma no busca transparencia, pues las organizaciones que promovemos los derechos humanos ya rendimos cuentas ante APCI y otras entidades de supervisión. Su verdadero objetivo es acallar las voces críticas que fiscalizan el accionar del Estado y defienden a los sectores más vulnerables”, indicó la CNDDHH.
También alertaron que, bajo esta normativa, se verán afectadas campañas de información electoral y de promoción del voto informado, así como las denuncias contra candidatos vinculados a economías ilegales. “En otras palabras, se pretende silenciar a la sociedad civil y debilitar el control ciudadano”, añadieron.
Próxima etapa: el juicio constitucional
La audiencia programada por la jueza Ana Osorio Sosa será clave para determinar la constitucionalidad de la norma. Se espera la participación tanto de los representantes del Instituto de Defensa Legal, que cuestionan la ley por vulnerar derechos fundamentales, como de los abogados del Estado, que buscarán defender la legalidad y necesidad del nuevo marco normativo.
Este proceso judicial se convierte en un nuevo punto de tensión entre el Congreso y las organizaciones de la sociedad civil, en un contexto donde los niveles de confianza en las instituciones públicas continúan siendo bajos y la vigilancia ciudadana juega un papel determinante en la fiscalización democrática.
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