Tras los inconvenientes registrados durante los primeros días de operación del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió un comunicado en el que responsabiliza directamente a la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) por el problema de desabastecimiento de combustible que ha generado retrasos y cancelaciones de vuelos.
“El Contrato de Concesión del aeropuerto establece que Lima Airport Partners (LAP) es responsable de las operaciones aeroportuarias, las cuales deben desarrollarse cumpliendo los Requisitos Técnicos Mínimos”, señala el documento publicado el 2 de junio por la entidad.
En medio de una creciente ola de quejas por parte de pasajeros y aerolíneas afectadas, el MTC explicó que la supervisión del cumplimiento de este contrato corresponde al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público en Perú (OSITRAN).
En esa línea, se detalla que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dependiente del MTC, envió el oficio DCA-1068 a OSITRAN, en el que solicita una evaluación urgente del cumplimiento de los Requisitos Técnicos Mínimos relacionados con el sistema de suministro de combustible. Esta acción responde a la necesidad de determinar si la actual operación de distribución cumple con los estándares contractuales exigidos.
Desde que entró en funcionamiento el nuevo terminal, diversos vuelos han sufrido demoras e incluso cancelaciones debido a la falta de abastecimiento eficiente de combustible. Aunque LAP manifestó que cuenta con los recursos necesarios, reconoció complicaciones en la distribución interna del suministro, situación que ha puesto en alerta al sector aerocomercial y ha provocado el malestar de cientos de usuarios.
“El MTC viene trabajando de manera articulada con el concesionario y las aerolíneas para alcanzar, a la brevedad posible, una solución que permita que el servicio de abastecimiento de combustible opere al 100 % de su capacidad”, finaliza la misiva. No obstante, la cartera liderada por César Sandoval fue enfática al recalcar que la responsabilidad operativa recae en LAP.
Por último, el MTC reafirmó su compromiso con la seguridad, eficiencia y continuidad del servicio aeroportuario y reiteró que estas acciones buscan garantizar la conectividad del país y proteger los derechos de los pasajeros, quienes han sido directamente perjudicados por las fallas registradas.
Pronunciamiento de Indecopi
En tanto, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) identificó una serie de deficiencias que estarían afectando directamente a los pasajeros. La institución exhortó a la concesionaria y a las aerolíneas a tomar acciones inmediatas para garantizar los derechos de los usuarios.
Entre las principales observaciones realizadas por Indecopi se encuentra la falta de un procedimiento adecuado y eficaz en el abastecimiento de combustible a las aeronaves, lo que ha generado demoras significativas en la salida de vuelos.
Además, se reportan constantes cambios de puerta de embarque, lo que —debido a la magnitud del nuevo terminal— podría ocasionar la pérdida de vuelos si no se informa oportunamente a los pasajeros.
El organismo de defensa del consumidor también advirtió fallas en el funcionamiento de las fajas de equipaje, lo cual ha derivado en retrasos en la entrega de maletas, tanto en vuelos nacionales como internacionales.
Otro punto crítico señalado en el informe es la aglomeración en las puertas de control de seguridad, situación que podría poner en riesgo la integridad de los pasajeros en caso de una emergencia.
Ante este panorama, Indecopi hizo un llamado directo a Lima Airport Partners y a las autoridades competentes para que adopten medidas correctivas de manera inmediata. Del mismo modo, instó a las aerolíneas a ofrecer información clara y oportuna sobre cambios y reprogramaciones de vuelos, así como a garantizar el derecho a la devolución del costo de pasajes cancelados.
La entidad recordó además que es obligación de las aerolíneas facilitar el acceso al Libro de Reclamaciones y mantener operativos todos sus canales de atención al cliente, en especial ante un contexto de alta demanda y posibles alteraciones en el servicio.
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