SNRTV rechaza ley que obliga a medios a ceder 10% de su programación al Estado y advierte daño a la democracia

La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) expresó su “profunda preocupación y absoluto rechazo” ante la reciente aprobación en el Congreso de una ley que dispone la cesión obligatoria del 10% de la programación de los medios de comunicación para contenidos determinados por el Estado.

A través de un pronunciamiento público, la organización remarcó que obligar a los medios privados a ceder una franja de su programación representa una forma de intervención directa sobre la línea editorial, vulnerando principios fundamentales de la libertad de expresión y la independencia informativa.

La SNRTV sostiene que esta medida constituye una peligrosa intromisión estatal, aun cuando se invoque una causa como la lucha contra la violencia de género. En su evaluación, la imposición de contenidos por norma legal quebranta el derecho de los medios de comunicación a definir libremente sus contenidos, un elemento que consideran esencial en cualquier sistema democrático.

Características de la ley

La norma promulgada por el Congreso y publicada en el diario oficial El Peruano modifica el artículo 46 de la Ley 30364, referida a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra mujeres y miembros del grupo familiar. La ley establece la creación de una franja educativa gratuita equivalente al 10% de la programación total de los medios de comunicación escritos, televisivos, radiales y de cualquier otra modalidad para la difusión de contenidos sobre sensibilización, prevención, atención, protección, sanción y reeducación frente a la violencia de género y familiar.

Según la disposición, los contenidos de esta franja obligatoria serán desarrollados por las instituciones públicas integradas en el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. La medida implica que los medios privados deberán reservar y transmitir, sin posibilidad de modificación, los contenidos exigidos por la autoridad estatal en el marco de la nueva legislación.

Riesgos advertidos por la SNRTV

El pronunciamiento de la SNRTV advierte sobre una serie de riesgos inmediatos asociados a la entrada en vigor de la nueva ley. Para la organización, la imposición de una franja obligatoria de programación configuraría una seria amenaza a los principios democráticos, al situar a los medios de comunicación bajo un esquema de intervención y control externo. La entidad subraya que cualquier medida que limite la capacidad para definir sus propios contenidos representa una vulneración directa a la libertad de expresión y a la independencia editorial.

La SNRTV enfatiza que la obligación de ceder una parte significativa de la programación no solo afecta la autonomía empresarial, sino que debilita los mecanismos fundamentales que garantizan la pluralidad informativa.

Franja estatal previo a campaña electoral

Uno de los puntos de mayor preocupación resaltados por la SNRTV consiste en la coincidencia de la aprobación de la ley meses antes del inicio de las elecciones generales 2026. De acuerdo con su posición, la oportunidad del cambio normativo agrava los riesgos de injerencia estatal sobre los medios.

La organización advierte que este contexto incrementa el peligro de que la disposición tenga consecuencias no previstas en materia de pluralidad informativa. Desde su perspectiva, el uso de franjas obligatorias abre la puerta a interpretaciones o aplicaciones que restrinjan el debate público y favorezcan determinadas posturas.

SNRTV pide derogar norma

Ante el escenario planteado por la nueva legislación, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) dirigió un llamado enfático al Congreso para que derogue la norma. En su pronunciamiento, la entidad precisó que tal medida no solo impacta negativamente en la operación de los medios de comunicación, sino que también debilita el ejercicio de los derechos fundamentales y el funcionamiento de la democracia en el país.

La SNRTV propuso como alternativa que, en lugar de imponer cargas obligatorias, el Congreso oriente sus decisiones hacia la construcción de políticas públicas consensuadas y articuladas con los actores involucrados.

En ese sentido, reafirma que os medios de comunicación libres e independientes son pilares fundamentales de la democracia y advirtieron sobre el riesgo de debilitar este principio mediante normas impositivas.