En la Amazonía peruana, cuidar los árboles, el agua y el territorio ancestral puede costar la vida. Un informe reciente revela que al menos 226 defensores y defensoras indígenas viven hoy bajo amenaza en Ucayali y zonas vecinas. La razón: se atrevieron a proteger sus bosques, sus ríos y sus derechos colectivos frente a un escenario de criminalidad creciente, extractivismo desregulado y un Estado que llega tarde —o simplemente no llega.
Ucayali, junto a zonas colindantes de Loreto y Huánuco, se transformó en una de las regiones más peligrosas para quienes defienden derechos humanos, colectivos y ambientales. El informe —elaborado por la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y la Asociación ProPurús, con apoyo de DAR— da cuenta de un contexto de criminalidad en expansión: tráfico de tierras, tala ilegal, monocultivos, pistas de aterrizaje clandestinas y una creciente red de narcotráfico que se superpone sobre territorios indígenas.
Más de 100 comunidades viven en zonas de conflicto por la superposición de derechos territoriales, agravada por una legislación permisiva como la Ley 31973 (conocida como “ley anti-Forestal”), que facilita la entrega de tierras sin respetar la clasificación de suelos. La falta de titulación colectiva, la precariedad institucional y el avance del extractivismo configuran un escenario de despojo y violencia, expone el informe.
Cifras preocupantes
En total, el informe identifica 226 defensores en situación de riesgo. Los pueblos más afectados son Shipibo-Konibo, Asháninka, Kakataibo, Yine y Awajún. Por distrito, las zonas con mayor número de casos son Callería, Iparía, Masisea y Padre Márquez. El pueblo Kakataibo, por ejemplo, concentra una de las tasas más altas de asesinatos y amenazas, coincidiendo con la expansión del narcotráfico y la minería ilegal.
La mayoría de defensores son hombres (72.5%), pero también hay 62 mujeres que enfrentan situaciones de riesgo, muchas de ellas madres, maestras o promotoras ambientales. Las amenazas incluyen asesinatos, desapariciones, hostigamiento, campañas de desprestigio y criminalización.
¿Qué dice el Estado peruano?
Consultado por Mongabay Latam, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) informó que entre junio de 2019 y febrero de 2025 se atendieron 96 situaciones de riesgo en la región, involucrando a 134 presuntas personas defensoras de derechos humanos y 3 familiares.
Además, según el registro oficial, 43 de estas situaciones están vinculadas al tráfico ilícito de drogas, 40 a tala ilegal, 17 al tráfico de tierras, 3 al tráfico de especies de flora y fauna, y 1 a otras causas.
Sin embargo, el informe advierte que las medidas de protección no fueron suficientes: las garantías personales llegan tarde, los recursos son escasos, y las víctimas muchas veces no acceden a un debido acompañamiento ni a una justicia efectiva. A pesar de la creación del Mecanismo intersectorial para personas defensoras, su implementación en la Amazonía ha sido débil y desarticulada.
Entre los casos emblemáticos se encuentran el de la comunidad Alto Tamaya-Saweto, donde fueron asesinados cuatro defensores en 2014; el de Arbildo Meléndez (Unipacuyacu), asesinado en 2020; y el de Gladis Jessica Díaz Borges (Tsirotzire), víctima de amenazas constantes. En todos estos casos, el acceso a la justicia ha sido lento y doloroso, con investigaciones estancadas y sin responsables sancionados.
La situación de vulnerabilidad se agrava por la precariedad estructural que enfrentan las comunidades indígenas: más del 70% de la niñez menor de 3 años sufre de anemia, el acceso a agua potable apenas llega al 25%, y la cobertura de salud en zonas rurales es mínima. Apenas el 3% de la población indígena tiene acceso a internet, lo que limita su capacidad de denunciar y organizarse, de acuerdo con lo señalado por el documento.
A esto se suma la brecha de titulación: de 553 comunidades nativas identificadas en Ucayali, solo 124 están tituladas y georreferenciadas. El resto sigue esperando procesos que pueden tardar décadas.
Defender la vida no debería ser una sentencia de muerte
El informe concluye que la defensa del territorio y de la Amazonía no debería ser una sentencia de muerte. Por ello, exige al Estado peruano asumir una respuesta integral: acelerar la titulación de tierras, reforzar los mecanismos de protección con enfoque intercultural, brindar atención adecuada a víctimas y garantizar justicia sin impunidad.
Tanto el Ministerio de Justicia como el Gobierno Regional de Ucayali fueron consultados por Mongabay Latam sobre las medidas adoptadas frente a esta crisis. Hasta el cierre de la edición, no hubo respuesta.
El mecanismo nacional de protección a defensores no cuenta con presupuesto suficiente ni pertinencia cultural. Las medidas son tardías y, en muchos casos, ineficaces. “Estamos viendo un subregistro. Hay más casos de los que se informan oficialmente”, alerta Brehaut, director de programas de ProPurús.
En ese sentido, el informe concluye señalando que, mientras no se implementen medidas integrales y efectivas, los defensores indígenas seguirán enfrentando altos niveles de riesgo. Exige la implementación urgente de políticas públicas que garanticen la titulación de tierras, la protección adecuada de las personas defensoras y el acceso a la justicia.
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