Defensoría del Pueblo busca retirar a adolescente de 16 años detenido por extorsión del penal de Trujillo

Un adolescente de 16 años permanece recluido en un penal de Trujillo bajo mandato de prisión preventiva por siete meses. El caso ha encendido las alertas en la Defensoría del Pueblo, que considera que esta decisión se tomó en el marco de una ley que vulneraría tratados internacionales de derechos humanos.

La institución presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32330, norma que permite procesar penalmente a menores de 16 y 17 años como adultos en casos de delitos graves. Ahora, el órgano constitucional solicita una medida cautelar excepcional para "suspender sus efectos de manera inmediata“.

Josué Gutiérrez Cóndor, titular de la Defensoría, explicó para RPP que la medida busca frenar el impacto de esta legislación, que ya estaría generando consecuencias concretas. Un adolescente ha sido recluido en un penal, lugares enfocados en la detención y castigo, lejos de la rehabilitación y reinserción de los centros juveniles.

“Tenemos un niño de 16 años recluido en un penal. Aún no tiene sentencia, solo medida preventiva“, precisó el agente de Defensoría. El poder Judicial dicto siete meses de prisión preventiva contra el menor, por el presunto delito de extorsión.

Al respecto, Gutiérrez aclaró que no buscan exculpar de sus responsabilidades al adolescente. “El objetivo no es liberarlo, sino trasladarlo a un centro juvenil, que es lo que corresponde”, afirmó.

Josué Gutiérrez también adelantó que este mismo jueves debe ingresar un hábeas corpus reparativo en favor del adolescente, luego de haber revisado el expediente y conversado con el menor y sus familiares.

Para Defensoría del pueblo, el Estado no puede eludir su responsabilidad en casos como este. “Somos, en parte, responsables de que niños que han sido víctimas de desprotección terminen convertidos en victimarios”, remarcó.

Según explicó, el adolescente recluido es hijo de un interno y ha crecido en un entorno marcado por el abandono. “Este patrón se repite y cuesta entender”, añadió, al advertir que muchos de estos menores son fácilmente captados por redes delictivas ante la ausencia de una verdadera política de protección.

Una ley que se cae

La Ley 32330 ha sido objeto de duras críticas desde su aprobación. La Defensoría del Pueblo sostiene que esta norma es incompatible con el marco constitucional y con los tratados internacionales ratificados por el Perú, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Mundialmente, se ha declarado a los niños como sujetos de interés superior. “No es posible que una norma de rango ordinario contradiga compromisos de naturaleza constitucional y convencional”, explicó José Gutiérrez, defensor del Pueblo.

“Tarde o temprano, esta ley se caerá y será declarada inconstitucional”, afirmó el funcionario. Sin embargo, advirtió que el país no puede esperar pasivamente mientras se vulneran derechos fundamentales. Cabe recordar que incluso el Poder Judicial emitió un comunicado institucional alertando sobre los riesgos legales y operativos de aplicar esta norma sin un marco garantista.

Preocupación internacional

De acuerdo con el defensor Gutiérrez, distintas agencias del sistema de Naciones Unidas ya han expresado su inquietud ante el uso de medidas punitivas contra menores sin respetar el principio de interés superior del niño.

Además, se confirmó que están estableciendo coordinaciones, puesto que “esas acciones nos afectan a nivel internacional y comprometen nuestra imagen en materia de derechos humanos”, señaló Gutiérrez.

La institución también informó que se ha hecho un pedido formal a la presidenta del Tribunal Constitucional (TC) para que la evaluación de la medida cautelar se realice con carácter prioritario. “Definitivamente vamos a llegar a instancias internacionales porque estas acciones no debemos permitirlas”, adelantó.

El organismo insiste en que la respuesta del Estado no puede limitarse a la detención en penales comunes, y que el país corre el riesgo de vulnerar compromisos internacionales en materia de derechos humanos si no actúa con urgencia y coherencia.