A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más conocido como Unicef, invocó al gobierno de Dina Boluarte a observar la ley aprobada por el Congreso de la República que reduce la edad de responsabilidad penal a 16 años.
Según la entidad internacional, esta medida contradice las recomendaciones que emitió el Comité de los Derechos del Niño al Estado, en febrero de este año, y la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional ratificado por el Perú en 1990.
Además, recuerdan que datos del Ministerio Público reflejan que los adolescentes solo participan del 2,1% en la criminalidad del país, mientras que los adultos están involucrados en un 97,9%.
“La evidencia nos muestra que este no es el camino para enfrentar la preocupante situación de inseguridad que vive el país y que nos golpea a todas las personas que vivimos en el Perú. La inseguridad y criminalidad se puede ver agravada porque los centros penitenciarios no tienen las condiciones de asegurar la reinserción de los adolescentes”, dice el comunicado.
Es el segundo llamado al Ejecutivo
El 8 de noviembre del 2024, Unicef ya había advertido que esta normativa era contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ya que establece que “las y los adolescentes no pueden ser juzgados ni sancionados como adultos”.
“Ellos/as están en una etapa de desarrollo y por ende deben ser juzgados y sancionados dentro del Sistema Penal Judicial Juvenil especializado que está orientado a garantizar su reinserción social”, precisaron. Unicef también manifestó que confían en que el Perú seguirá cumpliendo con el compromiso asumido con la infancia cuando ratificó la CDN en 1990.
¿De qué trata la ley?
El Pleno del Congreso de la República aprobó un dictamen que permitirá que adolescentes de 16 y 17 años sean procesados como adultos en casos de delitos graves. Entre las penas contempladas se incluye la posibilidad de aplicar cadena perpetua para crímenes como sicariato, extorsión, narcotráfico, secuestro, feminicidio y violación sexual, entre otros. La reconsideración de la segunda votación fue rechazada, consolidando la aprobación de esta medida que ha generado un intenso debate en el país.
De acuerdo con el congresista José Luna Gálvez, autor de la propuesta, esta reforma responde a la creciente inseguridad ciudadana y al aumento de la violencia delictiva en el país. El legislador señaló que las organizaciones criminales han estado utilizando a menores de edad para cometer delitos graves, aprovechándose de su condición de inimputabilidad. “No podemos mantenernos impasibles ante esta ola de criminalidad. Es necesario aplicar medidas severas para restablecer el principio de autoridad y proteger a nuestros jóvenes de ser utilizados por organizaciones criminales”, afirmó.
Gálvez enfatizó que esta reforma busca enviar un mensaje claro a las organizaciones delictivas que se aprovechan de los vacíos legales para operar con menores. “Sabemos que los delincuentes más peligrosos recurren a menores para ejecutar asesinatos por encargo, secuestros y actividades de narcotráfico. Esto debe detenerse de inmediato”, declaró.
La medida ha sido rechazada por organismos internacionales como la ONU, que han expresado su preocupación por el impacto que podría tener en los derechos de los menores de edad. Aunque el Congreso ha defendido la necesidad de endurecer las penas para combatir la inseguridad, especialistas argumentan que esta decisión podría vulnerar los principios de rehabilitación y reinserción social que deben primar en el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley.
Mientras algunos sectores consideran que la medida es un paso necesario para combatir la criminalidad, otros advierten que podría tener consecuencias negativas a largo plazo, como el aumento de la población carcelaria juvenil y la perpetuación de ciclos de violencia.
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