Inmunidad parlamentaria en manos del Pleno del Congreso: ¿cuándo se debatirá la polémica propuesta?

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó ayer martes 20 de mayo el dictamen que propone restablecer la inmunidad parlamentaria. Esto a poco más 5 años desde su eliminación, en febrero de 2021 a través la Ley 31118.

El retorno de la inmunidad parlamentaria implicaría que los congresistas no puedan ser procesados ni detenidos por delitos comunes que cometan durante los 5 años del periodo legislativo y hasta un mes después de dejar el cargo.

Con la aprobación en la Comisión de Constitución, el dictamen queda expedito para que sea debatido y votado por el Pleno del Congreso.

Aún no hay una fecha exacta para que el Pleno aborde la restitución de la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, debido a que el texto plantea que aplique para los senadores y diputados elegidos en las Elecciones Generales de 2026, el debate debería iniciar como máximo en la siguiente legislatura.

Y es que, al tratarse de una reforma constitucional, se requieren dos votaciones mayores a 87 votos en dos legislaturas consecutivas. Esto si se quiere evitar el referéndum ratificatorio.

Al actual Congreso le restan tres legislaturas: la actual que termina en junio, la que inicia en julio y la última que inicia en marzo de 2026.

La reforma constitucional para restablecer la inmunidad parlamentaria también puede aprobarse con una votación favorable mayor a 66 votos pero menor a 87 y un referéndum ratificatorio. Sin embargo, debido a la complejidad que significa para el sistema electoral organizar una consulta popular, se correría el riesgo de que el nuevo Congreso sea elegido y aún no se haya aprobado la modificación.

La inmunidad parlamentaria es vista por la ciudadanía como un beneficio que garantiza impunidad para el congresista. Según un informe de Proética, entre 2001 y 2019, el Poder Judicial solicitó en 40 oportunidades el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, pero solo fue autorizada en 6 casos.

A la fecha, si un congresista comete un delito común es investigado por la Fiscalía y procesado por el Poder Judicial sin tener que solicitarse previamente autorización al Congreso.

Un ejemplo de ello es el caso del excongresista Freddy Díaz, sentenciado por violar a una trabajadora de su despacho. La violación es un delito común, por lo que la Fiscalía no presentó denuncia constitucional ante el Parlamento para procesarlo.

Sin embargo, si se restablece la inmunidad parlamentaria, se habría tenido que pedir permiso al Parlamento para que ello ocurra.

Se hace la precisión de que los denominados delitos de función —aquellos que solo los parlamentarios pueden cometer por el cargo que tienen como corrupción, tráfico de influencias, peculado, entre otros— ya están protegidos por el antejuicio político.

El dictamen propone modificar el artículo 93 de la Constitución, estableciendo que la inmunidad parlamentaria se aplicaría desde el momento en que los legisladores son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones.

En caso de que el Poder Judicial solicite levantar el fuero, el Congreso tendría un plazo de 30 días para decidir. Si no se toma una decisión en ese tiempo, se consideraría un “silencio administrativo positivo”, lo que permitiría que la Corte Suprema determine si procede el procesamiento penal y el desafuero.

La propuesta incluye una excepción para los delitos flagrantes. En tales casos, los senadores o diputados serían puestos a disposición de su cámara o de la Comisión Permanente, que tendría 24 horas para decidir sobre la privación de la libertad y el enjuiciamiento.

Además, a propuesta de los congresistas Alejandro Muñante y Martha Moyano, se aclaró que la inmunidad no se aplicaría a delitos cometidos antes de que el legislador fuera elegido.

La Comisión de Constitución argumenta que su principal objetivo es proteger el funcionamiento normal y eficaz del Congreso, asegurando que los parlamentarios puedan desempeñar sus funciones sin interferencias judiciales externas.

Sin embargo, la medida no está exenta de críticas. La propia Comisión de Constitución ha reconocido que podría fomentar una percepción de impunidad y afectar negativamente la imagen de los partidos políticos, además de generar una sensación de desigualdad ante la ley entre la población.