En los alrededores de La Convención, en la región Cusco, las tarjetas publicitarias no ofrecían simples préstamos. Eran la entrada a una red de intimidación que afectó a decenas de personas, según información del Ministerio Público. Los préstamos eran ofrecidos de manera casi instantánea, sin necesidad de trámites ni requisitos. Lo que parecía una ayuda financiera se convertía en una cadena de amenazas y violencia.
La operación terminó con la intervención de 20 personas, en una diligencia fiscal que incluyó el allanamiento de tres viviendas y la incautación de vehículos, dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentos relacionados con los préstamos. El caso tiene en el centro a una mujer conocida como ‘Gata’, identificada como Carmen Arenas R., peruana, quien habría dirigido la organización junto a su pareja, un expolicía, y sus hijos. También fueron involucrados ciudadanos extranjeros.
Durante meses, la organización funcionó bajo una modalidad que ya se ha extendido por distintas regiones del país: el préstamo informal ‘gota a gota’. La Fiscalía investiga vínculos entre esta red y funcionarios de la Municipalidad Provincial de La Convención, a través de presuntos pagos irregulares con dinero obtenido mediante la extorsión.
Las operaciones ilegales incluyeron también la simulación de contratos. Según la documentación incautada, algunas víctimas firmaban papeles sin saber que autorizaban condiciones abusivas. Esta práctica, combinada con intimidación física, cerraba cualquier vía de reclamo.
A nivel nacional, el fenómeno no es aislado. El Instituto Peruano de Economía (IPE), en un informe elaborado por encargo de Asbanc, reveló que más de 200.000 familias fueron afectadas por esta forma de crédito durante el 2024. En ese contexto, lo ocurrido en Cusco se suma a una problemática que se expande en silencio.
La estructura detrás de ‘Los Bad Money’

La Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Cusco describió a la organización como un grupo familiar ampliado con conexiones externas. “Era una organización criminal liderada por Carmen Arenas R., alias ‘Gata’”, señaló el fiscal provincial Carlos Eduardo Alanya Ricalde, a cargo de la operación. La mujer operaba junto a su pareja y sus tres hijos. Además, se identificó la participación de ciudadanos extranjeros, cuyas funciones aún están bajo investigación.
Las víctimas accedían a los préstamos luego de recibir tarjetas en mercados, plazas y barrios alejados. Los créditos se entregaban sin ningún respaldo formal, con desembolsos inmediatos. Sin embargo, el pago diario exigido, acompañado de intereses excesivos y cargos “administrativos” arbitrarios, colocaba a los prestatarios en una situación de endeudamiento continuo.
“Captaban con facilidad y luego aplicaban métodos violentos. Las víctimas eran obligadas a pagar intereses que se duplicaban o triplicaban en pocas semanas”, precisó el fiscal Alanya.
Durante el allanamiento, los agentes del Ministerio Público y del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado del Cusco incautaron documentación que revelaría el destino del dinero: una tienda de indumentaria policial y militar, administrada por la propia Carmen Arenas. Este negocio funcionaba como fachada para lavar los ingresos obtenidos, según la hipótesis fiscal.
“El cobro era diario. Si alguien no tenía el monto exigido, lo insultaban, lo golpeaban o le dañaban su propiedad. Así funcionaban”, relató uno de los testigos protegidos por el Ministerio Público.
Los operativos, ejecutados en simultáneo, permitieron la detención preliminar de 16 personas por orden judicial, mientras que otras cuatro fueron capturadas en flagrancia. Todos son investigados por los delitos de extorsión, usura y lavado de activos. En total, participaron 22 fiscales adjuntos provinciales de la Coordinación Nacional de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada.
Expansión nacional del ‘gota a gota’

El caso de ‘Los Bad Money’ forma parte de una tendencia en crecimiento. El informe del IPE encargado por Asbanc identificó que el 35% de los créditos informales registrados en 2024 corresponden al sistema ‘gota a gota’. En 2022, este porcentaje era del 22%. El incremento evidencia un problema estructural: miles de familias recurren a estas redes por falta de acceso a crédito formal.
Las tasas de interés en estos préstamos superan el 1.000% anual. Los prestatarios entregan pagos diarios, lo que los expone a una espiral de deuda. “El 66% de quienes accedieron a este tipo de crédito informal terminaron solicitando más de un préstamo”, indica el informe.
En regiones como Cusco, la informalidad financiera se ve favorecida por la distancia con los servicios bancarios tradicionales. En ese contexto, las organizaciones criminales se presentan como alternativas inmediatas. “La rapidez y facilidad con la que se obtiene el dinero es lo que engancha, pero después comienza el tormento”, explicó uno de los economistas que participó en el estudio del IPE.
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