El grupo parlamentario Bloque Democrático Popular presentó este lunes una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por haber ocultado las intervenciones quirúrgicas estéticas a las que se sometió a mediados de 2023 y por abandonar sus funciones sin informar al país.
La denuncia, de 16 páginas, se formalizó un día después de que el cirujano plástico Mario Cabani confirmara en Cuarto Poder que realizó cuatro cirugías a la jefa de Estado, entre las que se incluyen una rinoplastia con septoplastia funcional, una blefaroplastia inferior transconjuntival, injertos grasos en el rostro y la colocación de hilos de sustentación facial.
Según un despacho de Canal N, el documento fue dirigido al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quien deberá derivarlo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para su evaluación. La imputación se fundamenta en tres hechos que los legisladores consideran graves y que apuntan al incumplimiento de las funciones de la mandataria.
El primer hecho hace referencia al ocultamiento de la intervención realizada el 28 de junio de 2023 en la clínica Cabani, sin informar al Congreso ni al Consejo de Ministros. El segundo hecho señala la ausencia de Boluarte del Despacho Presidencial durante su recuperación, que se extendió entre “7 y 12 días”.
En ese lapso, se cuestiona la publicación de dos decretos supremos en el diario oficial El Peruano, con firmas registradas el 29 de junio de 2023, cuando Boluarte aún se encontraba internada y presuntamente incapacitada. El tercer hecho en la denuncia se refiere a la omisión de activar el mecanismo de sucesión presidencial.
De acuerdo con el documento, la gobernante no notificó al Congreso ni permitió que Salhuana asumiera temporalmente el despacho presidencial, lo cual, según los parlamentarios, constituye una infracción a la norma constitucional. El titular del Legislativo se encuentra en Estados Unidos desde el sábado 3 de mayo, según su registro migratorio. Hasta el momento, sus asesores no han informado las razones del viaje.
Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, y que deben recibir luz verde del Congreso para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada.
Una vez que la denuncia llega a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, esta evalúa su admisibilidad. Si procede, se designa a un congresista delegado para que elabore un informe, el cual es sometido a votación. De aprobarse, el caso pasa a la Comisión Permanente, que decide si autoriza la acusación.
De ser así, el expediente llega al pleno, donde se requiere una votación calificada para aprobar la acusación y una posible inhabilitación. El caso, además, puede ser derivado al Ministerio Público, aunque esto suele aplicarse cuando el presidente ya no está en funciones.
Hasta mayo de 2025, Boluarte ha sido objeto de al menos ocho denuncias constitucionales durante su gestión y su etapa previa como vicepresidenta y ministra. De estas, seis han sido archivadas por el Congreso, una fue desestimada por la Fiscalía, y otra se mantiene en proceso de evaluación.
Las denuncias archivadas incluyen acusaciones por infracción constitucional, omisión de funciones, negociación incompatible, falsedad ideológica y responsabilidad en las muertes ocurridas durante las protestas sociales de diciembre de 2022.
Archivo reciente
A mediados de abril, la SAC aprobó archivar la denuncia de la Fiscalía contra Boluarte por presunto cohecho, en el caso denominado ‘Rolexgate’, una decisión que deberá ratificar el pleno. Los legisladores aprobaron por mayoría el informe de la legisladora fujimorista Nilza Chacón, quien recomendó el archivo de la denuncia constitucional presentada por el entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, y plantea que se evalúe si procede denunciar al exjefe del Ministerio Público por presentarla.
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