Dina Boluarte defiende permanencia de Gustavo Adrianzén y pone de ejemplo la salida de Santiváñez: “Lo censuraron y la inseguridad sigue”

Ante la recolección de firmas para una eventual censura del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, la mandataria salió en su defensa. Sin embargo, en lugar de destacar su labor, se refirió al extitular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez. No solo dejó claro que continúa incómoda con la salida del exministro, sino que reconoció que su sucesor y el gobierno continúa sin adoptar estrategias claras contra la inseguridad ciudadana.

“Hace poco censuraron al ministro Juan José Santiváñez, ¿con su salida se solucionó el problema de la inseguridad ciudadana?“, expresó en conferencia de prensa con ánimos de garantizar la permanencia del primer ministro, pero dejando en duda la efectividad de las acciones adoptadas. No obstante, insistió que los intentos actuales contra el primer ministro no abordan las causas de fondo de los problemas que enfrenta el país.

“Señores congresistas, el tema del crimen de Pataz no se va a solucionar sacando al premier Adrianzén o censurando a algunos ministros”, afirmó e hizo un llamado al Congreso para que evalúe el trabajo que su gobierno está llevando a cabo en beneficio del país, en lugar de centrarse en censuras que, según ella, no contribuyen a resolver los problemas de fondo. “Es fácil recabar las firmas y censurar, miremos el otro lado de la moneda, todo el trabajo y esfuerzo que este Ejecutivo está realizando en beneficio de nuestra querida patria”, agregó.

¿Por qué y quiénes impulsan la censura de Gustavo Adrianzén?

La fuerte reacción en el Congreso contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se debe a sus declaraciones. En conferencia de prensa del 30 de abril puso en duda que los trabajadores estuvieran secuestrados.

“Se recibieron audios que presuntamente daban cuenta de estos secuestros, pero hasta la fecha no tenemos denuncias. Ahora mismo estoy revisando si algo más ha llegado y no tengo variación. No tenemos noticias de que se haya producido el hecho. Patrullas del Ejército y de la PNP están coordinando con las comisarías locales, y se continúa el patrullaje en los puntos críticos del distrito de Pataz. Se ha recibido información extraoficial de terceros no identificados que reiteraría la inexistencia de este hecho”, expresó entonces.

La moción de censura ya cuenta con el respaldo de 19 legisladores. En caso de ser admitida y aprobada por mayoría simple, la censura obligaría a Adrianzén y a todo su gabinete a presentar su renuncia, conforme a lo estipulado en la normativa política peruana. Este escenario ha intensificado las tensiones en el ámbito político, mientras los parlamentarios continúan sumando apoyos para concretar la medida.

Entre los legisladores que han firmado la moción se encuentran figuras como Jaime Quito, Sigrid Bazán, Carlos Zeballos, Pedro Martínez, Alex Flores, Juan Burgos, Luis Picón, Edward Málaga, Susel Paredes, Jorge Montoya, Víctor Cutipa, Ruth Luque, Edgard Reymundo, Roberto Sánchez, Guillermo Bermejo, Elías Varas, Wilson Quispe, Margot Palacios y Silvana Robles. Estos congresistas han expresado su descontento con la gestión del primer ministro, especialmente por su manejo de la crisis en Pataz y su respuesta inicial al caso de los mineros desaparecidos.

En paralelo, la bancada de Podemos Perú también anunció e inició la recolección de firmas para presentar otra moción contra el primer ministro. En el documento se indica que “la masacre de los 13 trabajadores mineros en Pataz confirma, una vez más, el fracaso de las políticas en la lucha contra la inseguridad ciudadana, pese al apoyo y respaldo que el Congreso de la República le ha brindado al señor Gustavo Lino Adrianzén Olaya, presidente del Consejo de Ministros del Perú”.

“No basta el cambio de un ministro, sino que el gabinete en pleno debe ser restructurado con un enfoque frontal e integral contra la inseguridad ciudadana, principal problema del país”, señala. Además, la bancada liderada por José Luna Gálvez, recalca que los asesinatos y la extorsión se han incrementado, pese a los constantes estados de emergencia, lo que evidencia una falta de planificación y la implementación de acciones y políticas de inteligencia para contrarrestar estos execrables actos.