El video difundido en redes sociales, que registra el momento en que los trabajadores son asesinados uno por uno, no dejó dudas sobre la brutalidad del crimen. Las víctimas eran obreros contratados por la empresa R&R, un pequeño operador legal vinculado a la minera Poderosa, que desde hace meses soporta ataques sistemáticos por parte de grupos ilegales interesados en controlar las zonas de extracción.
Desde hace tiempo, Pataz se convirtió en el escenario de una disputa sangrienta entre operadores formales e ilegales del oro. La impunidad con la que se mueven las bandas armadas en la sierra liberteña alimenta una economía clandestina que, según estimaciones privadas, supera los 4 mil millones de dólares al año.
El inicio de la guerra por el oro
Los primeros indicios del ingreso del crimen organizado a la actividad minera en Pataz se registraron en 2019. Según informes de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, presidida entonces por Greco Quiroz, los habitantes comenzaron a denunciar una actividad intensiva y descontrolada. “El problema se concentraba sobre todo en el distrito de Pataz y en el centro poblado de Vijus”, declaró.
Durante el confinamiento por la pandemia de 2020, los grupos ilegales aprovecharon el vacío de control para instalarse con mayor fuerza. Al aumento del precio internacional del oro se sumó el acceso a maquinaria más sofisticada, lo que disparó la rentabilidad de estas operaciones. Con los ingresos también creció la violencia.
Según las investigaciones, los operadores ilegales empezaron a contratar protección a bandas criminales para resguardar sus cargas. Luego, estas organizaciones como “Los Pulpos”, “La Gran Familia” y el “Tren de Aragua” pasaron de ser guardaespaldas a socios. Para 2023, algunas de estas bandas ya participaban directamente en la extracción y controlaban rutas, plantas de procesamiento y corredores de salida.
Poderosa como un blanco constante
La Compañía Minera Poderosa, una de las principales productoras de oro del país, fue blanco recurrente de ataques. En diciembre de 2023, un grupo de delincuentes armados con fusiles y explosivos ingresó a uno de sus niveles subterráneos, asesinó a diez trabajadores y dejó más de treinta heridos. A pesar del estado de emergencia decretado en la provincia, la violencia no se detuvo.
Durante el 2024 y lo que va del 2025, se han registrado múltiples sabotajes a torres de alta tensión que abastecen de energía a las instalaciones de Poderosa. El corte eléctrico se utiliza como táctica de distracción: tras dejar la mina sin luz, los atacantes ingresan con armas largas y explotan las instalaciones.
El 28 de marzo de este año, un nuevo ataque dejó un trabajador muerto y al menos cincuenta evacuados. Ese mismo día, una minivan con empleados fue emboscada en la carretera. Tres personas murieron y diez más resultaron heridas. Las autoridades atribuyen estos crímenes a células armadas que operan con lógica paramilitar y se desplazan por la sierra con libertad.
Una economía paralela y violenta
Pataz no siempre estuvo en el radar del país, pero el oro la puso en el centro del conflicto. Según el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas, en 2023 La Libertad concentra más del 30% de la producción aurífera nacional. Empresas como Poderosa, Horizonte y Retamas extraen legalmente el mineral desde décadas atrás. Sin embargo, a la par del crecimiento formal, la minería ilegal consolidó su propia estructura con equipos modernos, rutas propias y seguridad armada.
De acuerdo con Dante Vera Miller, gerente de la consultora A&V Analistas, más del 39% de la producción nacional de oro proviene de operaciones no formales. “En el Cinturón Minero del Norte se produce más de dos millones de onzas de oro al margen del sistema legal”, precisa. Además, sostuvo que esta actividad se concentra principalmente en las provincias serranas de La Libertad y Cajamarca, entre ellas Pataz.
Plantas clandestinas y expansión del REINFO
Uno de los mecanismos que permitió la expansión de estas operaciones fue el mal uso del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), un programa creado para regularizar a pequeños mineros artesanales. Sin embargo, muchos operadores ilegales se inscribieron como “informales” y aprovecharon la cobertura legal para mantener sus actividades.
“Se observó que algunos grupos usaban el REINFO como fachada. Mientras el proceso de formalización se prolongaba, ya operaban con maquinaria pesada y vendían oro en el mercado negro”, indicaron desde la comisión parlamentaria que investigó el tema. Para junio del 2024, se reportó la existencia de más de 30 plantas de tratamiento de oro sin autorización en la zona.
Mientras los conflictos en Pataz alcanzan nuevos niveles de violencia, otros puntos del país también muestran signos de colapso institucional. En la frontera con Ecuador, organizaciones como “Los Tiguerones” y “Los Choneros” fueron identificadas como brazos armados de mineros ilegales. En Madre de Dios, la zona conocida como La Pampa mantiene una estructura similar, con redes de trata, extorsión y tráfico de insumos químicos.
Las autoridades reconocen la presencia de corrupción en algunas unidades policiales y oficinas locales que permiten el ingreso y operación de estas bandas. En La Libertad, la estructura criminal parece haber echado raíces profundas, con control de territorios, vínculos políticos locales y un flujo constante de dinero sin fiscalización.
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