Seis cárceles serían cerradas por hacinamiento: no podrán recibir más internos por sentencia del TC

A partir del 26 de mayo de este año, seis penales en diferentes regiones del Perú podrían cerrarse temporalmente y se prohibiría el ingreso de nuevos reclusos. Esto debido al alto nivel de hacinamiento en estos establecimientos y en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2020.

En el documento emitido por el TC, se indica que la situación de hacinamiento en las cárceles del Perú es considerado como un “estado de cosas inconstitucional”, y que existen “severas deficiencias en la capacidad de albergue, calidad de su infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos”.

Es por eso que la sentencia, emitida el 26 de mayo del 2020 da un plazo de cinco años, que se cumplen el 26 de mayo de este año, para que el Estado resuelva esta situación. Esto supone un “trabajo conjunto y coordinado del Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, entre otros (...)” para revertir la situación crítica carcelaria.

Según la sentencia del Tribunal Constitucional, en caso de que se cumpla el plazo establecido y la situación de hacinamiento no se haya solucionado, será el INPE la institución encargada del cierre de las siguientes cárceles debido a su alto nivel de hacinamiento a la fecha de emitido el fallo:

• Chanchamayo (553 %)
• Jaen (522 %)
• Callao (471 %)
• Camaná (453 %)
• Abancay (398 %)
• Miguel Castro Castro (375 %)

La sentencia afirma que el cierre no es definitivo. Los criminales no serán liberados, sino que se cerrará el ingreso de nuevos internos y se deberá trasladar a algunos a otros establecimientos penitenciarios que no tengan esta condición de hacinamiento.

En caso de que los penales mencionados antes ya no sean los más hacinados, la sentencia indica que serán cerrados temporalmente “aquellos 6 establecimientos penitenciarios que al vencimiento de dicho plazo tengan los mayores niveles de hacinamiento”.

Durante un pronunciamiento público desde el Cuarto de Guerra en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte indicó que, pese a la situación de hacinamiento de las cárceles, prefiere que estas se encuentren hacinadas pese a la sentencia del TC que establece que esta situación es inconstitucional.

“A los delincuentes que captura la Policía Nacional debemos llevarlos a las cárceles, ya que no hay otro lugar para ellos. Mientras se construyen nuevas prisiones, lamentablemente debemos enviarlos a cárceles hacinadas. Prefiero que estén hacinados en las prisiones, que en las calles, matando a nuestras familias, hermanos e hijos”, afirmó

Pese a la urgencia de la situación, en los años siguientes no se construyeron nuevos penales para intentar resolver el hacinamiento. Durante la gestión del jefe del Inpe, Javier Llaque, se edificaron tres pabellones nuevos en cárceles hacinadas, pero esto no es suficiente y, recién para el 2026 se contará con un penal nuevo en Abancay, el primero en construirse desde el año 2015.

Según Llaque, la construcción de esta nueva cárcel se hará en un plazo de 690 días y podría terminarse recién entre noviembre y diciembre del 2026. Es decir, cuando la presidenta Dina Boluarte ya lleve varios meses fuera del cargo y en los primeros meses del gobierno del próximo mandatario.

La nueva obra proporcionará “condiciones dignas” para los reclusos, que incluirán talleres educativos para promover la resocialización de los internos, según el presidente del INPE.

El Gobierno de Perú declaró en noviembre de 2024 en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario por 24 meses, reconociendo una crisis estructural que afecta a las 69 cárceles del país. Estas instalaciones tienen una capacidad para albergar a 41.556 personas, pero actualmente están ocupadas por 98.127 reclusos, lo que representa un hacinamiento del 136 %, una de las tasas más altas de la región.

Según un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, la medida busca implementar la Política Nacional Penitenciaria al 2030 con un enfoque en la resocialización de los presos. Sin embargo, solo el 50,2 % de las personas privadas de libertad se encuentra en cárceles con infraestructura y servicios adecuados, lo que agrava las condiciones de vida y dificulta los procesos de reinserción social.